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¿Estamos educando para prevenir pandemias, guerras y sequías?

El sector educativo debe implementar con urgencia un plan nacional de pedagogía para la protección de los recursos naturales, mejor uso de la tecnología y la reducción a cero papel en las aulas de clase.
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28 Feb 2022 - 6:09 COT por Ecos del Combeima

Los conflictos de EE.UU en Irak por el petróleo, de Rusia con Ucrania por el gas y la intención de potencias del mundo en ayudar a países como Colombia por su interés en el agua, son ilustraciones que deben hacernos reflexionar sobre la forma en la que estamos educando a las nuevas generaciones.

En el 2020 los incendios y la tala de árboles en en el mundo destruyeron 42.000 km cuadrados de bosques tropicales primarios, un alza de 12% respecto al año anterior, según el informe anual Global Forest Watch. La deforestación provoca: calentamiento global, amplifica fenómenos naturales extremos como olas de calor, inundaciones, sequías y contribuye a la aparición de enfermedades infecciosas como La Covid 19, según expertos.

De acuerdo a los resultados de un estudio del Centro Internacional para Agricultura Tropical (CIAT), Colombia perdió 1.718 kilómetros cuadrados de bosque en 2020, un área mayor a la ciudad de Bogotá. Además de la quema y tala de árboles se suma el incremento de cultivos de coca después del proceso de paz.

El gobierno ya hizo parte de su tarea.  En agosto del 2021 el Presidente Duque sancionó la Ley de Delitos Ambientales del país, donde penaliza: la promoción y financiación de la deforestación, tráfico de fauna, apropiación ilegal de los baldíos de la nación, financiación de la apropiación ilegal de los baldíos  y la financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Sin embargo, es importante que otras instituciones del país como la academia y el sector privado se involucren en esta problemática. Si la deforestación sigue creciendo en Colombia, no solo el calentamiento y las dificultades que este trae consigo son preocupantes, también debe inquietar un posible desabastecimiento de agua, y por ende, un debilitamiento económico y de liderazgo en la región.

El sector educativo debe implementar con urgencia un plan nacional de pedagogía para la protección de los recursos naturales, mejor uso de la tecnología y la reducción a cero papel en las aulas de clase. Queremos tener la posibilidad de seguir enseñando a nuestros niños y jóvenes que viven en uno de los países más biodiversos del mundo y que esto no pase  a la clase de historia.

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Hoy solo queda pedirle a la nueva administración celeridad en los procesos. Es hora de que dejen de jugar con los campesinos y de que esas tierras que se han prometido una y otra vez, por fin sean verdaderamente de ellos.

En el segundo trimestre de 2026, el número de micronegocios en Colombia creció apenas 0,5 % frente al mismo periodo del año anterior y el personal ocupado aumentó 0,6 %. Hasta ahí parecería un crecimiento tímido. Pero hay un dato que cambia completamente la conversación: los ingresos de esos micronegocios crecieron 14 % en términos nominales.

Al mismo tiempo de la tragedia forestal, una parte importante del agua ya potabilizada, termina derrochándose y perdiéndose en redes hidráulicas urbanas ya deterioradas por el tiempo, situación que se ha convertido equivocadamente en una constante territorial.

El Tolima no está solo. Pero tampoco puede quedarse a esperar. La tarea que sigue es vigilar que cada peso, ayuda y trámite anunciado llegue a los lugares necesitados, y si bien los afectados no han estados solos, hay que seguirlos acompañando.

El Concejo Municipal no puede convertirse en un comité de aplausos de la administración de turno, como pareciera que sucede actualmente, y aquí aparece una paradoja que resulta difícil de ignorar: mientras se discute por estos días la modificación de la planta de personal, algunos concejales parecen más interesados en acompañar la agenda política de la Administración que en exigirle explicaciones.

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Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

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