Durante estos últimos 28 años, los recursos públicos destinados para la salud se han incrementado considerablemente y algunos indicadores de salud pública, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil se ha reducido prácticamente a la mitad. Sin embargo, día a día se evidencian grandes fallas en la operatividad del modelo que agobia a la población colombiana, que ha tenido que recurrir hasta las 200.000 tutelas al año para poder acceder efectiva y oportunamente a los servicios de salud. Las principales fallas estructurales se pueden sintetizar en la siguiente forma:

Efectivamente el aseguramiento de la población está muy cercano al 100%, pero ello no ha garantizado la accesibilidad oportuna y efectiva a los servicios de salud que la población reclama tanto en los centros urbanos y mucho menos en vastos sectores de la población rural o dispersa que no cuenta con los servicios de atención prioritaria, dado que no está dentro de las prioridades y convicciones concebidas en la misión de los intermediarios financieros o EPS. En la práctica, el modelo de salud operado por dichas EPS, se fundamenta en un esquema de atención morbicéntrico, seudo curativo o centrado en la enfermedad que ha descuidado por completo las acciones de Prevención, Promoción y Educación en salud que son los fundamentos para un impacto efectivo en su desempeño. Así lo reiteran tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) e incluso la misma ONU. 

En relación con este último aspecto, esas recomendaciones de la OMS y OPS que parten de sus preocupaciones por la falta de acceso efectivo a los servicios de salud de vastos sectores de la población y su acelerado envejecimiento poblacional que cada día demanda más servicios derivados de sus patologías crónicas (cardiovasculares, cáncer, pulmonares, diabetes, obesidad, entre otras) que exigen cuidados intensivos a costos excesivos e insostenibles para muchos países como el nuestro. Así y en la práctica, lo han corroborado las autoridades sanitarias y los académicos de países como lo son España, Francia, Reino Unido, Canadá, entre otros, que ven con preocupación la futura sostenibilidad económica de sus modelos de salud. De allí, la necesidad impostergable de implementar estrategias de fortalecimiento de las acciones ya enunciadas de Prevención, Promoción y Autocuidado de salud, asignándole esa función principalmente de su sector hospitalario público, porque se ha demostrado a la saciedad que los intermediarios toman no la salud, sino la enfermedad como un lucrativo y especulativo negocio.

Por las condiciones que anteceden, el Estado colombiano ha intentado establecer reformas a la operatividad del modelo de salud (Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011), sin que se hayan superado las grandes fallas evidenciadas. Vale decir, estas reformas han tenido efectos cosméticos y no los cambios estructurales que la sociedad reclama. Nuestra red hospitalaria pública se ha visto desarticulada y sufre las consecuencias de los efectos de la intermediación financiera de las EPS que le imponen tarifas inferiores sus costos de producción, asimismo esquemas de auditorías médicas acomodadas a sus intereses, no  pago oportuno de  sus  servicios a tal punto que, la  cartera  vencida a más de 90 días supera los  $12 billones de pesos y lo peor, cuando las EPS se liquidan los hospitales y clínicas deben esperar hasta  5 años o más para poder recuperar su cartera. Por supuesto, los directos damnificados de estas prácticas son los ciudadanos de bajos recursos, los trabajadores de la salud que no reciben oportunamente sus salarios y también los proveedores que continuamente y ante su iliquidez, suspenden sus despachos.

En general y es de reiterar, que, desde hace años, en algunas altas instancias del Estado hay conciencia que nuestro “sistema” de salud y la intermediación del aseguramiento, único en Latinoamérica, es un modelo que exige una profunda reestructuración. En Latinoamérica, nuestro modelo sólo tiene algunos rasgos asimilables al chileno, pero allá el aseguramiento de la población (que aquí se entregó a las EPS) lo cumple el Fondo Nacional de Salud (FONASA), por supuesto público y con giro directo a los prestadores de los servicios. Los indicadores de desempeño del modelo de Chile son superiores al nuestro, aunque también está en proceso de reestructuración.

Ahora bien, el Estado colombiano tiene ya el mandato que le dio la llamada Supersentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional como resultado de la revisión de 22 acciones de tutela seleccionadas entre miles que recogieron la vulneración al derecho constitucional a la salud y le ordenó en esa providencia al Estado, consolidar reformas estructurales al mal llamado “Sistema” de Salud. Este fue el insumo vital para el Proyecto de Ley concebido por las asociaciones médicas y la sociedad civil que se presentó al Congreso y se convirtió en la Ley 1751 de 2015 o Estatutaria de la Salud. En su artículo 4° define el Sistema de Salud, como un conjunto articulado, armónico en sus principios, instituciones, competencias, procedimientos, facultades, obligaciones, derechos y deberes, financiamiento, controles, que el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud. Lo critico es que, en los siete años de vigencia de la Ley, ni el Ejecutivo, ni el Congreso han demostrado interés de reglamentarla y en cambio sí, se han presentado otros proyectos para neutralizarla o hacer nulos sus alcances.

Este es el gran reto que tiene el Presidente electo y ya hay anuncios para darle prioridad a su reglamentación. Colombia necesita que su Sistema de Salud realmente funcione como red integrada de Instituciones Prestadoras de Servicios, sin intermediarios financieros, que se garantice efectivamente el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz, con calidad para la preservación, el mejoramiento, la promoción de la salud y que sea sostenible en el tiempo.