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No a la patente de la panela

Si la superintendencia decide entregar la patente, haría un daño irreparable a 350.000 familias de productores que hacen presencia en 511 municipios de 28 departamentos incluido el Tolima. Por: José Adrían Monrroy.
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17 Sep 2020 - 9:16 COT por Ecos del Combeima

El sector agrícola de nuestro país ha venido sorteando múltiples tropiezos a lo largo de la historia; por ejemplo, nuestros campesinos, fueron desplazados y despojados de sus tierras a casusa de la violencia de los grupos armados ilegales; además, sufren por no tener en óptimas condiciones las vías que les permiten transportar sus productos y ser comercializados; y la falta de apoyo estatal para capacitarlos en nuevas técnicas de siembra y producción, basados en ciencia, tecnología e innovación.

Todo lo anterior, es una generalidad latente en el agro colombiano, no obstante, hoy se vive un ambiente de incertidumbre en el sector panelero específicamente, puesto que se enfrenta a la posibilidad de una patente que afectaría a los productores y empeoraría la situación de un gremio que trabaja bajo pérdidas y ante un panorama de atraso tecnológico enorme.

Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología, susceptibles de ser explotados comercialmente por un período limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de la invención. Actualmente, cursa en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una solicitud de patente de una forma de producción de panela, hecha por un accionista de la azucarera Riopaila.

Si la superintendencia decide entregar la patente, haría un daño irreparable a 350.000 familias de productores que hacen presencia en 511 municipios de 28 departamentos incluido el Tolima, porque ya no podrían hacer la panela de la forma tradicional y tendrían que subordinarse a quien sería el dueño de la “formula”, como se diría coloquialmente, lo que constituiría un evidente monopolio que también afectaría a los consumidores.

Según cifras de la secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, en el departamento se siembran 15.330 hectáreas de caña panelera que producen 65.776 toneladas de panela desde 5.590 unidades productivas, que representan el 4,6% del mercado panelero del país. En su gran mayoría, los productores son campesinos humildes, que heredaron trapiches y la tradición de hacer panela para su sustento y el de sus familias.

Entonces, a pesar que el trámite de la patente puede tardar unos 18 meses más, desde ya debe hacerse causa común en defensa del sector panelero tolimense. Por lo tanto, hago un llamado a nuestros representantes y senadores, gobernación del Tolima, gremios económicos y demás instituciones a sentar su voz de protesta, pues no se puede permitir que una decisión administrativa rompa años de costumbre, usanza y legado panelero.

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Por eso, elegir bien no es un asunto menor. Es decidir quién tendrá la responsabilidad de defender al Tolima con argumentos, con liderazgo y con visión de desarrollo, en el escenario donde se toman las decisiones más importantes del país.

El crecimiento de 131 % no debe leerse como un punto de llegada, sino como una señal de oportunidad. Porque la participación del Tolima dentro del total nacional sigue siendo cercana al 0,35 % en exportaciones no minero-energéticas. Es decir, hay crecimiento, pero también hay un enorme margen de expansión.

Hay quienes afirman que dicha conducta raya en un problema de salud mental, pero también, desde el punto de vista sociológico, algunos expertos, como el mexicano Omar Estrada, han abordado el fenómeno como una nueva forma de expresión de los jóvenes que hay que entender y comprender.

“Con seguridad todo y sin seguridad nada¨, frase que ha calado profundamente en todos los colombianos, al nacer de una realidad.

Colombia atraviesa un momento económico complejo, mientras el debate político se consume en polarización, la economía real intenta sostenerse sobre una base exportadora aún frágil y altamente dependiente de bienes primarios.

La decisión más importante en marzo, mayo y junio de 2026 es elegir pensando en nuestra institucionalidad y democracia, que ha sido la más antigua y solida de Latinoamérica y respetar, así no nos gusten, esos pesos y contrapesos, y mejorar esta institucionalidad para que nunca más alguien abuse de ella o termine proponiendo constituyentes amañadas, para gobernar a su antojo. 

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

Hoy la situación no solo no mejora, sino que se agrava, y la comercialización del arroz se vuelve cada vez más pesada y más injusta para el agricultor tolimense.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.