Rápidamente avanzaba la licitación para contratar las obras del Coliseo Mayor, hasta que el Ministro del Deporte le pidió a la procuraduría intervenir.

Tras el escándalo que se generó por cuenta de la carta del Ministro, la intervención de la procuraduría y el despliegue de la noticia por parte de los medios de comunicación, se suspendió esa licitación. 

Muy oportuna la intervención del ministro, lo grave ahora es que la administración municipal parece haber perdido el interés en dicha contratación, y la misma se viene dilatando una y otra vez.
 
Muy mal, porque Ibagué, además de ser la capital musical de Colombia, también es una ciudad que resalta por sus deportistas de toda clase. Ligas profesionales de fútbol de ambos géneros, de taekwondo, hapkido, baloncesto, entre otros deportes, han permitido que el departamento resalte en este ámbito. En 1970, después de muchas luchas libradas por la ciudadanía y sus gobernantes, los Juegos Nacionales nos dejaron grandes escenarios: piscinas olímpicas, coliseo cubierto, velódromo y el desarrollo del Parque Deportivo, para una ciudad que en ese entonces albergaba apenas 250 mil habitantes.
 
Tristemente, y a pesar de que en 2015 se buscó repetir esa exitosa historia, la corrupción, los malos manejos, y el interés de enriquecerse a costa de los ibaguereños, nos dejaron sin esos escenarios y con muchas esperanzas destrozadas. Imagínense, si se hubiesen cumplido esos sueños, hoy en día la ciudad tendría un velódromo, un centro de alto rendimiento con piscina incluida, una cicloruta, un complejo de raquetas, estadio de atletismo, tejódromo, pista de BMX, complejo acuático con piscinas olímpicas, patinódromo, estadio de softbol, los coliseos y otros más.
 
Para ese entonces, la alcaldía comprometió miles de millones de pesos para unas megaobras: el Parque Deportivo (que contenía la mayor de las obras anteriormente mencionadas) y la Unidad Deportiva de la Calle 42 (con las piscinas olímpicas). Entre estas dos, eran más de 250.000 millones de pesos.
 
La ciudad se ha convertido en un cementerio de escenarios deportivos, contratos liquidados, deportistas perjudicados y con algunos de los responsables condenados, pero sin recuperar la plata, se vienen asignando nuevamente los recursos para concluir o reconstruir los escenarios.
 
Pero vamos al Coliseo Mayor, una de las obras más importantes, la cual, a pesar de los 45.000 millones que logramos gestionar ante el Gobierno Nacional sigue en planos y en power point.
 
La obra, planeada desde 2015, con licitaciones fallidas en 2018 y nuevamente en 2020, carga una cruz que no la ha dejado despegar. La licitación del 2018 tenía un valor de 39.000 millones para ser ejecutada en menos de un año, y esta segunda, con un valor de 45.000 millones, financiada desde el Gobierno Nacional. En marzo de 2020, ya se había girado la totalidad del dinero, y según el alcalde en mayo estaría la obra adjudicada para iniciar obras en julio, con un plazo de ejecución de 18 meses.
 
Desde ahí se empezó mal. El Presidente ya había manifestado un tiempo definido para la ejecución de esta obra financiada por su gobierno. Después, el mismo Ministro del Deporte tuvo que poner el ojo y pedir suspensión de la licitación que lanzó la Alcaldía en abril porque solo un proponente presentó oferta, y existían severos cuestionamientos a los criterios de selección y al pliego de condiciones del cierre del proceso. Ah, pero según el Comité Evaluador del IMDRI, no se cometieron errores por parte de la autoridad porque la información que suministró el oferente tenía inconsistencias. ¿No es responsabilidad de ese Comité revisar que no existan?
 
Pero bueno, ahora, con el afán de abrir una nueva licitación a ver si Ibagué logra por fin tener el Coliseo Mayor, que ni poniendo los recursos el Gobierno Nacional ha logrado ver la luz, nos encontramos con una ‘perla’ que nunca me imaginé íbamos a ver.
 
El Alcalde, en una acción sin precedentes, dijo que no iba a abrir la licitación hasta tener el “chulo” de la Contraloría. ¿De cuando acá la Contraloría co-administra? Una cosa es la función de control preventivo y concomitante, que es que la Contraloría revisa en tiempo real la ejecución de los recursos (no es como antes que se revisaban las obras cuando ya estaban liquidadas y convertidas en elefantes blancos ya pagados en su totalidad), y otra cosa el control previo o coadministración.
 
Precisamente, la reforma que aprobamos en el Congreso en 2019 para que la Contraloría hiciera control fiscal en tiempo real o control preventivo, no es un control previo, pues como dijo el mismo Contralor General de la República, “una cosa son guayos para jugadores y otra jugadores paraguayos”.
 
El control preventivo, entonces, lo que busca es evitar en determinada obra que se sigan asignando recursos para evitar detrimentos patrimoniales mucho mayores. Pero es claro, que nunca, nunca, se deben pausar plazos para que este ente de control revise licitaciones antes de que estas salgan, como está haciendo el alcalde. Sería convertir a la Contraloría en juez y parte, como si se pudieran amarrar los perros frente a futuras investigaciones.
 
Es triste ver la ciudad en ese atraso deportivo. Pero más triste ver un Alcalde con la plata en los bancos, mientras la ciudad clama por inversión. La Contraloría no es competente para dar “avales” o “vistos buenos” a licitaciones. Esta revisará en tiempo real que ocurre con la ejecución, pero mientras tanto, sin licitación ni pliegos, seguimos esperando más tiempo para ver los escenarios que tanto se merecen nuestros deportistas.