Al dejar el cargo de Director de Planeación Nacional, Simón Gaviria Muñoz, expresó su frustración por no haber podido depurar la lista de colados que tiene la base de datos del Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, Sisbén, pues al parecer muchos de los que aparecen en ese sistema, no cumplen con los requisitos para acceder a subsidios o estar en determinados proyectos y programas sociales. Como quien dice: no están todos los que son, y tampoco son todos los que están.

Nuestra Constitución en su artículo 51 dice que: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”. La ley 388/77 de ordenamiento territorial, en su artículo 91 sostiene que “las viviendas de interés social son aquellas que se desarrollan para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menos ingresos”.

Ahora bien, los subsidios para vivienda también están dirigidos para los estratos 3 y 4, porque dinamizan mayormente la economía, pero ahí es donde se está dando, por llamarlo de alguna manera un “engaño”, porque a los proyectos de vivienda donde los subsidios superan los 100 millones de pesos, no están accediendo los  verdaderamente necesitados, pues están siendo acaparados por personas  que a través de familiares, amigos, conocidos o rebuscados, llenan los requisitos de ley para adquirir esas viviendas y pasado el tiempo exigido por la norma para la tenencia como propietario, llega a sus manos a engrosar su patrimonio.

A manera de ejemplo, que un proyecto de 502 unidades de vivienda ofertado a través de una inmobiliaria, con la opción de acceder al subsidio de vivienda de interés social, con separado de un millón de pesos, que se entrega en obra negra y el propietario, de su bolsillo,  le imprime su estilo con la obra blanca,  se venda como pan caliente, deja la sensación de que, a lo mejor no aguantaría una exhaustiva auditoria por parte de los entes estatales que están involucrados en la asignación de los subsidios de vivienda.

Lo más delicado, se da cuando los empresarios o inversionistas de estos proyectos de vivienda, no aciertan en la escogencia del lugar, porque en muchos casos distorsionan la vocación del sector, complican su movilidad, colapsan las redes de servicios públicos, deterioran el medio ambiente e incluso podrían tener afectaciones por la calidad del terreno donde se construye. Nada importa, la obra va porque va, con la anuencia de los curadores, que como en todo el país, no le son útiles a la sociedad, sino a los intereses de unos pocos, pasando por alto las objeciones de la Junta de Acción Comunal, Veeduría Ciudadana, Zar anticorrupción, por mencionar algunas de las voces que se levantan para advertir irregularidades.

Ibagué tiene apenas un 5% de zona urbana y el 95% restante se concentra en área rural, es decir, se tienen áreas para expansión, ¿entonces por qué caramba deben concentrar a 502 familias en unos pocos miles de metros cuadrados de tierra y en palomeras de 55 metros cuadrados? Peregrino, pues al parecer el negocio de la Vivienda de Interés Social, no es tan malo como lo quieren hacer parecer.