A propósito de la Ley de Convivencia Ciudadana qué se tramita en el Congreso de la República y como quiera que las operaciones de la Policía Nacional han sido eje central de discusión ante la opinión pública por los abusos denunciados y descritos por la Organización de Naciones Unidas recientemente en contra de los marchantes, el día de hoy pretendo describir a la Policía Nacional cómo institución pública y al final presentaré mi opinión sobre lo que pienso del comportamiento de la fuerza pública en las movilizaciones ciudadanas.

Nuestra Policía Nacional, es una institución totalmente profesionalizada, con capacitación y formación, instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, le corresponde asumir, no solamente los temas de convivencia ciudadana, sino que se ha extendido a enfrentar problemas graves de orden público, bandas delincuenciales organizadas y grupos insurgentes, incluso en zonas rurales, donde al ejército es el que le compete asumir tal abordaje de seguridad. Para el presupuesto del año 2022 el funcionamiento de la Policía Nacional se acerca a un poco más de 11 billones de pesos, sumados adicionalmente a los 20 billones para el resto del sector defensa, llegamos alrededor de 31 billones de pesos de esfuerzo presupuestal para la seguridad de los colombianos, cifra que comparada con el Sector Rural en Colombia, la cual no llega a más de 2 billones de pesos en toda la vigencia Fiscal, muestra la prioridad del gasto de nuestro gobierno.

Durante las distintas movilizaciones ciudadanas qué ha enfrentado el gobierno nacional, que demuestran un descontento con las diversas decisiones políticas tomadas, las cuales no gozan de popularidad como lo registran las encuestas publicadas por los diversos medios de comunicación, ni mejoran la situación social de los Colombianos, cómo por ejemplo el proyecto de ley de Reforma Tributaria que se pretendió tramitar, el cual grababa con un poco más de 24 billones a los Colombianos después de una cesación completa de la actividad económica como consecuencia del covid-19 , la Reforma a la Salud que pretendía establecer régimen de pólizas totalmente impagables por parte de los usuarios. Por otro lado de forma equivocada como ha dirigido el gasto público, aumentando la burocracia estatal en los órganos de control Procuraduría y Contraloría, esto sin contar la nueva planta de personal de la Registraduria, con una serie de cargos discrecionales en época electoral, por otro lado la intención de compra de aviones de guerra por 14 billones de pesos, los 70 mil millones perdidos de la exministra Abudinen, los 9 mil millones en compra de camionetas para uso 2 del presidente, los 20 mil millones para la imagen del presidente con el presupuesto para la paz y por último, dejando más gastos equivocados sin relacionar, la reforma a la ley de garantías intentando eliminar la restricción para suscripción de los convenios interadministrativos, que favorecen la contratación en época electoral, trasfiriendo recursos a municipios y departamentos, con las consecuencias que expliqué en la columna anterior, convirtiendo alcaldes y gobernadores como jefes de debate de candidatos para las próximas elecciones.

Tengo la concepción qué la fuerza pública en un Estado es un fiel reflejo de los políticos que la gobiernan, son ellos quienes instruyen el comportamiento de la policía y define las acciones prioritarias de atención y la forma en que deben abordar los distintos problemas de convivencia. No pretendo desconocer las equivocaciones humanas que se pueden dar en cualquier procedimiento policial, no obstante lo anterior, cuando el comportamiento desmedido es sistemático y generalizado y causa de manera permanente muertes de civiles que solamente exigen sus derechos, es que el problema está en los mandos altos, pues en muchas ocasiones exigen resultados a cualquier costa, con el objetivo de mantener sus equivocadas decisiones gubernamentales y a su vez los policiales qué son los que le ponen el pecho a la situación de orden público, son los que llevan la peor parte, terminan judicializados tras las rejas, ponen en riesgo sus vidas, sus familias están en zozobra permanente y los políticos simplemente se lavan las manos, con la típica frase “todo fue a mis espaldas”; recordemos los 6402 jóvenes asesinados por los falsos positivos, la respuesta de los políticos que estaban en la dirección del gobierno, es que la fuerza pública les mintió, como el caso de Cajamarca en el Tolima, en dónde mataron a campesinos indefensos que nada tenían que ver con el conflicto armado o el caso escabroso de los jóvenes del municipio de Soacha cuya culpa no aceptada por políticos y demás casos terribles que ocurren en el estado Colombiano, pues no podemos aceptar esa doble moral de culpar a la fuerza pública por los errores de los políticos, son ellos los que deben responder ante las autoridades judiciales.

Podemos realizar todas las capacitaciones y formaciones, podemos expedir todas las leyes de la República, instruir en derechos humanos y derecho internacional humanitario para enseñar a nuestra fuerza pública, cómo afrontar las distintas operaciones, sin embargo las decisiones de quiénes gobiernan, que son los políticos de turno, son los que influyen en el comportamiento de nuestros policías, ordenan incluso en contra de la propia voluntad del policial, acciones arbitrarias, que les toca cumplir para mantenerse en los cargos, no ser degradados, poder ascender, no ser trasladados, mantener unos medianos o pocos privilegios y recibir las felicitaciones del político gobernante, quién nunca está frente al problema 3 de orden público en carne propia, se esconde tras bambalinas en el manejo de la situación en las lujosas oficinas de Bogotá, en los comandos totalmente protegidos y solamente actúan bajo el interés personal y no colectivo y como consecuencia, esos jóvenes que no se odian unos y otros, víctimas de una explosión social, unos que se movilizan justamente y otros que como policías cumpliendo su función constitucional intentan brindar seguridad, se enfrentan con consecuencias tristes, no se odian entre sí, sin embargo llevan la peor parte del conflicto de políticos y los que gobiernan toman un whisky y ven las bajas de nuestra fuerza pública como una cifra más que tiene que pagar del presupuesto nacional, el cual ya no alcanza para sacar las inversiones que generen prosperidad de los Colombianos, el que debería ser mayoritario para mejorar vías terciarias, apoyo para el aparato productivo rural, vivienda digna, ciencia, tecnología y cultura entre otros, que deben ser la focalización principal de un gobierno, pero mientras la inversión sea prioritaria para el aparato de defensa nacional y no para buscar la prosperidad social, los conflictos sociales se mantendrán, la inequidad y el hambre hacen que la gente actúe de forma equivocada y el desespero produce inseguridad.