En los últimos 10 años el Tolima con seis gobernadores y su  capital con igual número de mandatarios, ha debido afrontar casos aberrantes de corrupción, sacándola del estadio, Luís H. Rodríguez, juzgado,  condenado y preso por la justicia, en una  demostración de inmoralidad pública.

Las demás situaciones en las diferentes instancias (Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación) que van desde sanciones aplicadas e investigaciones resueltas, archivadas, engavetadas o en curso por presuntas irregularidades o delitos a saber: tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de fondos, prevaricato por omisión, irregularidades en la celebración de contratos, violación al régimen de inhabilidades, participación en política, detrimento patrimonial, irregularidades celebración contrato Programa Alimentación Escolar (PAE), malos manejos contratos fertilizantes, peculado por uso en calidad de cómplice y alteración u obstrucción de elemento material probatorio en calidad de autor, peculado por apropiación a favor de terceros, otorgamiento irregular de cupos educativos, malos manejos en el banco de los tolimenses, compra de votos, irregularidades en el Hospital Federico Lleras, trasgresión disposiciones legales de aislamiento preventivo obligatorio y sobrecostos contratos de productos alimenticios y de aseo,  en tiempos de calamidad pública por el covid-19,  entre los más recientes. Las anteriores acciones podrían  sumar miles de millones de recursos no invertidos,  mal invertidos o desviados.  

El listado anterior no pareciera ser la ejecución o la gestión de un estadista, intelectual, visionario, hombre de empresa o negocios en el poder. Todo lo contrario,  pareciera que el Tolima ha estado y sigue gobernada por gente inescrupulosa y mañosa que considera la justicia no la tocará, por ser lo que representan en la sociedad o se consideran tan influyentes que tienen el poder de negociar o tranzar en las instancias pertinentes su exoneración y mantenerse invictos frente a la justicia, en contravía a los principios de un Estado de Derecho que presume que nadie, incluyendo a funcionarios y gobernantes, se encuentra por encima de la ley.

Ojalá,  el encierro de la pandemia, que tiene a los ciudadanos leyendo e informándose en cantidad y calidad, les permita analizar y examinar  las bondades personales y profesionales de quienes nos están gobernando y en la próxima jornada electoral, y desde ya, hagan retrospectiva de los importantes recursos que se ha esfumado, sin darle oportunidad a la educación, la salud y la infraestructura de casi un millón de habitantes en el Tolima.

Ojalá los entes de control del nivel nacional, seccional y local, puedan,  ante la opinión pública,  superar las expectativas con el rigor de sus investigaciones y la celeridad de su resultado, porque la historia muestra como la negociación con los partidos políticos y la ambición del poder político, los han desviado de su verdadera misión, situación que es evidente con el crecimiento de la corrupción. Las investigaciones para los mandatarios y funcionarios, suelen ser anunciadas con mucha fuerza, con mensajes de contundencia, pero con los días  se va desvaneciendo, como a la espera de que la situación,  anormalidad  o presuntos delitos, se borren de memoria colectiva, lo que algunos analistas políticos denominan; el mito de la inmunidad política y de la gente influyente.

La pandemia se cura con el trabajo interdisciplinario de epidemiólogos, infectologos, internistas y toda una comunidad científica. La corrupción difícilmente tendrá cura, pero sí puede tener tratamientos paliativos buscando minimizar sus efectos por ejemplo: funcionario, gobernante o candidato con dudas sobre el comportamiento en manejo de recursos y decisiones dañinas, no puede obtener un premio en las urnas, y se le aplicará la máxima; “ante la duda me abstengo de darle el voto”. 

En conclusión, así como la más efectiva protección contra el covid-19 es el aislamiento, contra la corrupción será el razonamiento.

Punto Final.

Reconocer el importante trabajo del pie de fuerza de la Policía Nacional para lograr el cumplimiento de las medidas por el covid-19, porque la indisciplina y la desobediencia de la gente, la hacen verdaderamente compleja.