La ocupación del espacio público no es solamente sobre la carrera tercera. Basta con hacer un recorrido por toda la ciudad para comprobar la actitud permisiva de las autoridades cuando se trata de hacer cumplir los preceptos constitucionales, jurisprudenciales, Código de Policía y en general las normas que lo regulan, pasando por alto que el interés general prima sobre el particular. Sumado a lo anterior, la tragedia de miles de ibaguereños en medio de una economía débil, sin oportunidades de acceder a un empleo formal que les permita llevar una vida digna, situación que se refleja en los  crecientes indicadores de desempleo que registra la ciudad.

En la capital musical de Colombia no existe control alguno ante la ocupación del espacio público, diariamente se ve como este fenómeno se desborda con la venta de toda clase de productos y artículos. Los que ofertan alimentos, lo hacen de manera libre y sin los controles por parte de las autoridades pertinentes, dejando a los consumidores expuestos al riesgo que significa ingerir alimentos que no cumplen con los estándares de calidad y tampoco los protocolos de manipulación, aseo e higiene.

Algunos matices de la noticia de la invasión del espacio público sobre la tercera resaltaron: La presencia de mafias en el control del espacio público -lo venden o lo alquilan-, censo de vendedores desactualizado, licencias, permisos y certificados de legítima confianza no auténticos y para colmo, heredados. Todo lo anterior hace pensar que la corrupción y la indiferencia están presentes en esta situación que se salió de madre para la Administración. Amén de la contaminación auditiva que está impactando negativamente todo el centro de la ciudad.

Se mencionó también a los comerciantes organizados, formales de amplia trayectoria y reconocimiento empresarial, quienes al parecer, son los principales patrocinadores del comercio callejero, porque en los últimos tiempos tienen a los vendedores informales ofreciendo  artículos y productos, aprovechándose de la necesidad ajena y evadiendo cualquier relación contractual, que de llegar a configurarse, les daría el estatus de empleadores.

No la tiene fácil la administración municipal cuando dice que trabajará por la recuperación del espacio público. Conforme se le escuchó decir a Carlos Portela; Secretario de Gobierno Municipal, porque él sabe que antes de cualquier operativo, y en aras a respetar derechos fundamentales, su despacho debe contar con estudios socioeconómicos, censo de todos los sectores que están siendo ocupados por vendedores informales, estudios de las diferentes políticas de reubicación e incluso adecuaciones estructurales, todo ello armonizado con el presupuesto, el plan de desarrollo y las políticas complementarias.

De alguna manera el que se ve obligado a soportar el trabajo en el espacio público llevado  por la necesidad de un mínimo vital y el trabajo, lleva muy en su interior  un potencial  emprendedor, que no tiene como acceder a un crédito y mucho menos a tener una capacitación u orientación que impulse su vocación.  En ese sentido, se pronunció Portela, anunciando trabajo articulado con el SENA, para apoyar a esta población vulnerable y en muchos casos en estado de indefensión. Ojalá no se quede en el mero anuncio para calmar ánimos.

Mientras los  gobernantes no prioricen la  valía del espacio público y conjuren  sus orígenes, asumiendo que detrás de esta situación se cocina un fenómeno de orden social, con miles de personas en condiciones de pobreza, desamparo e indefensión, con la promesa incumplida de que el Estado les garantizará  un trabajo que les permita llevar una vida digna, en Ibagué permanecerán desdibujados los  preceptos constitucionales de que los bienes de uso público que pertenecen al espacio público son: inalienables, imprescriptibles e inembargables.