El episodio de la futura modificación de la planta de personal de la Alcaldía de Ibagué dejó más dudas que certezas. Por un lado, un proyecto de acuerdo que, en principio, no contemplaba la creación de la tan necesaria Secretaría de Seguridad y Convivencia, y por el otro —y quizás más preocupante—, la ausencia de un estudio de cargas que justificara con argumentos técnicos de peso, la necesidad de crear nuevas dependencias como la Secretaría de la Mujer, la Secretaría Jurídica y la Dirección de Juventudes. Esta última, según versiones conocidas, respondería más a una decisión política impulsada desde el entorno familiar de la alcaldesa que a una necesidad realmente sustentada de la ciudad. 

Pero quizás lo que más decepción ha generado entre los ciudadanos es la manera como algunos concejales han abordado la intención de modificación de la planta. Por ejemplo, el concejal Jorge Bolívar, quien regresó a la corporación gracias al Estatuto de la Oposición, votó positivamente en la Comisión del Plan y justificó de manera escueta su decisión bajo el argumento de representar una “oposición constructiva”. El problema es que la oposición constructiva no puede convertirse en oposición decorativa o fugaz. Bolívar ha sido uno de los concejales más críticos frente a la inseguridad de Ibagué y también ha cuestionado el crecimiento de las órdenes de prestación de servicios. Sin embargo, cuando todavía no estaba contemplada la Secretaría de Seguridad, no se escuchó con la misma contundencia su voz frente a esa ausencia. Tampoco parece haberle generado mayor preocupación el hecho evidente de que una ampliación de la estructura administrativa implica, por definición, nuevas responsabilidades, cargos y costos, así la secretaria administrativa de la Alcaldía diga lo contrario e insinúe que es mentira de los periodistas o los medios de comunicación. La afirmación de Norma Margarita Cifuentes el día de la votación en la Comisión del Plan, por supuesto merece ser sustentada con números y no simplemente aceptada como verdad oficial solamente porque ella lo dice.

El caso del concejal Giovanny Martínez, del Centro Democrático, merece un capítulo aparte. Su defensa casi permanente de la administración municipal pareciera indicar que estamos frente a un concejal que no ejerce mayor control político, y que se acerca más a ser a un funcionario oficioso del gobierno de turno, olvidando que no fue elegido para convertirse en barra brava de ninguna administración, como evidentemente sucede con Martínez, y de quien algunos ibaguereños recordarán con mayor facilidad sus puestas en escena en el cabildo —con caballos, racimos de plátano y hasta osos de peluche— que grandes debates de control político capaces de producir resultados concretos para la ciudad.

Por el mismo camino parecen transitar el veterano concejal William Rosas y los conservadores Carlos Beltrán, Víctor Ortiz y Joseph Gonzales, este último el concejal más votado, y quienes frente a una modificación tan importante de la estructura administrativa no han dicho hasta ahora nada que permita un análisis profundo sobre el tema. 

Hay, por supuesto, excepciones. Es necesario reconocer el trabajo de Andrés Zambrano y, en algunos asuntos, del concejal Arturo Castillo, quienes han mostrado mayor disposición a cuestionar, preguntar y asumir posiciones propias. Pero las excepciones no deberían ser excepciones. El Concejo Municipal no puede convertirse en un comité de aplausos de la administración de turno, como pareciera que sucede actualmente, y aquí aparece una paradoja que resulta difícil de ignorar: mientras se discute por estos días la modificación de la planta de personal, algunos concejales parecen más interesados en acompañar la agenda política de la Administración que en exigirle explicaciones.

Incluso esta semana, varios de ellos terminaron participando en la entrega de vías pavimentadas en algunos barrios de la ciudad, y recibiendo un espacio de coworking en las oficinas del Concejo por parte de la propia alcaldesa, quien hábilmente ha sabido capitalizar que un bloque mayoritario en el cabildo la apoya.

Y quizás este sea el verdadero consejo para el Concejo de Ibagué: menos aplausos y más control político; menos fotografías para las redes sociales y más argumentos; menos cálculos electorales e incluso burocráticos, y más defensa del ciudadano. Los concejales no fueron elegidos para caerle bien al gobierno, así como los periodistas no escribimos o publicamos para atacar a nadie. Los concejales fueron elegidos para representar a quienes pagan impuestos, esperan seguridad, reclaman servicios públicos y quieren saber qué se hace con sus recursos, y es esa justamente la labor de los medios de comunicación en toda democracia, ayudar a vigilar lo público, aunque incomode y sea motivo de vetos como según dicen ha sucedido con Ecos del Combeima en el palacio municipal. Finalmente, la administración pasará, los concejales también, pero las decisiones que hoy se tomen sobre la estructura y el gasto público las terminaremos pagando todos los ciudadanos.

Por eso, antes de que llegue 2027 y vuelvan las vallas, las fotografías, los discursos y las promesas de renovación, sería bueno que los ibaguereños hagamos una pregunta sencilla a los concejales e incluso a quienes quieren aspirar por primera vez ¿A quién le están rindiendo cuentas y a quien le quieren rendir, al gobierno de turno o a los ciudadanos que los eligieron?