En este espacio de opinión hemos hablado en muchas ocasiones de la reforma agraria. Que era necesaria. Que iba a medias. Que entregar tierra sin industria no sirve. Que la jurisdicción agraria se hundió por querer hacer a la ANT juez y parte. Hoy toca cerrar el círculo con el dato más vergonzoso de todos. El que ningún discurso populista puede esconder. El que está escrito en 135 páginas que el gobierno de De la Espriella entregó a la Fiscalía y que se llama, con toda la ironía del mundo, el Libro de la Verdad.

El caso más grave involucra la reforma agraria: la Agencia Nacional de Tierras desembolsó cerca de un billón de pesos para adquirir 537 predios, pero únicamente tres habían sido debidamente titulados. Tres. No trescientos. No cincuenta. Tres predios con escritura registrada a nombre de la Nación, de un total de 537 que se compraron con casi un billón de pesos del erario. Eso es una eficiencia del 0,56%. Si uno rindiera así en cualquier trabajo del sector privado, lo habrían despedido en el primer mes.

Pero el cuento no para ahí. A través del Fondo de Tierras se entregaron 351.463 hectáreas, pero solo 98.148, apenas el 7% de la meta del cuatrienio, cuentan con registro pleno ante Instrumentos Públicos. Otras 206.273 hectáreas se entregaron de forma provisional, por lo que permanecen dudas sobre la seguridad jurídica de los predios que hoy ocupan campesinos en diversas regiones del país.

Dicho en cristiano: el gobierno que prometió ser el de los pobres y de los campesinos les entregó tierra sin papel. Son campesinos que hoy creen tener tierra propia, pero que en realidad no tienen un título que los respalde legalmente. Eso no es reforma agraria. Eso es ilusionismo rural. Es darle al campesino la ilusión de la propiedad sin la certeza jurídica que la hace real. Sin título, esa tierra no sirve como garantía para un crédito. Sin título, esa tierra no puede heredarse con seguridad. Sin título, cualquier litigio deja al campesino en el aire.

Y como si todo esto fuera poco, el informe califica lo ocurrido como una operación de maquillaje estadístico. Es decir, no es que simplemente fallaron. Es que las cifras se maquillaron para que pareciera que avanzaban, que las metas se cambiaban de metodología cuando no se cumplían y que el indicador se redefinía cuando la realidad era incómoda. La ANT explicó a la Contraloría que desde 2023 adelantaba un proceso de ajuste técnico que incluyó cambios en las fuentes de información, la metodología de medición y la definición misma del indicador. En pocas palabras, los balances de Ecomoda estaban menos maquillados que los de la ANT.

El informe también pone bajo cuestionamiento un convenio por hasta $17.003 millones de pesos entre la ANT y Teveandina, empresa operadora de Canal Trece, para realizar eventos relacionados con la reforma agraria. Casi 17 mil millones en eventos de comunicación de una reforma que no se estaba ejecutando. Mientras el campesino esperaba su título, la agencia pagaba eventos para mostrar que la reforma marchaba. Eso sí que es creatividad presupuestal.

Y el remate que ya contamos en esta columna hace unas semanas: durante la etapa final del gobierno Petro, cuando Juan Felipe Harman estaba al frente de la ANT, se habría realizado el desembolso cercano al billón de pesos para adquirir los 537 predios. El mismo Harman que renunció a la ANT para hacerle campaña a Iván Cepeda en la segunda vuelta y que al día siguiente de perder las elecciones reapareció en la hoja de vida de aspirantes del Estado. La coherencia, como siempre, brilla por su ausencia.

Aquí en esta columna hemos sido justos con la reforma agraria. Hemos dicho que era necesaria. Que Colombia tiene una deuda histórica con el campo. Que el Gini de tierras más alto de América Latina no se corrige solo. Todo eso sigue siendo cierto. Pero también es cierto que una reforma que gasta un billón de pesos y titula tres predios de 537, que entrega 351.000 hectáreas sin papel que las respalde, que maquilla estadísticas cuando los números no cuadran y que financia eventos de comunicación mientras los campesinos esperan sus títulos, no es una reforma agraria. Es un presupuesto ejecutado con la excusa de reforma.

Hoy solo queda pedirle a la nueva administración celeridad en los procesos. Es hora de que dejen de jugar con los campesinos y de que esas tierras que se han prometido una y otra vez, por fin sean verdaderamente de ellos.