La recién aprobada reforma tributaria le sirve al gobierno central pero no a las entidades territoriales (32 departamentos y 1.103 municipios) que se ven obligados a cumplir con las competencias y obligaciones asignadas, pero en la gran mayoría de los casos, sin los recursos financieros necesarios para tales fines.

La nueva reforma tributaria para entidades territoriales es una realidad y es necesaria. Esta iniciativa ha sido anunciada por el Presidente de la República y su Ministro de Hacienda para la vigencia 2023 y con impacto general para el año siguiente de su aprobación (2024), justo al inicio de los nuevos periodos de Alcaldes y Gobernadores. 

Desde hace más de 20 años los entes territoriales dependen en muchos casos, en más del 70% de sus ingresos, de las transferencias de la nación (entiéndase Sistema General de Participaciones). La mayoría de estos son recursos de destinación específica por lo que para cualquier gestión de inversión social o de infraestructura que un burgomaestre desee adelantar, tiene que apalancarse con los recursos tributarios propios en todos los casos totalmente insuficientes, la mayoría ya comprometidos en el pago de sus gastos de funcionamiento y del servicio de deuda cada vez más costoso por el alza de los intereses. 

Para poner un ejemplo de cómo opera el tema presupuestal en el país: De cada $ 100 pesos que una persona paga por concepto de impuestos, aproximadamente $ 85 le corresponden el gobierno central, $ 10 a los municipios y       $ 5 paralos departamentos. Es decir, la gran porción del “pastel tributario” es para el gobierno central, mientras las gobernaciones y alcaldías realizan las inversiones con los poco que logran recaudar. Lastimosamente los impuestos departamentales son inmensamente regresivos ya que la estructura tributaria grava el consumo de licores y cerveza, tabaco – cigarrillo(vicios) y el impuesto de vehículos es quizá la renta más progresiva para estas entidades. 

Uno de los aportes de la misión de descentralización, ha sido redefinir y redimensionar la categorización de los municipios respecto de las tipologías que actualmente existen. De 1.103 municipios que existen en el país, 957 se encuentran en sexta (6ta) categoría(86,5 % de los municipios). En el departamento del Tolima, 42 municipios están en sexta categoría, mientras Espinal y Melgar apenas logran escalar para ubicarse entre tercera y cuarta categoría. Ibagué es el único municipio que se encuentra en primera (1ra) categoría. En Boyacá, de 123 municipios 116 son de sexta categoría, en Cundinamarca de 116 municipios 95 son de sexta, en Huila de 37 municipios 35 está en sexta categoría, esta es la tendencia en todo el país.

Los municipios en cuarta, quinta o sexta categoría padecen  situaciones financieras muy complejas: dependen de las transferencias y uno que otro saldito de regalías en el mejor de los casos. Estos municipiosno recaudan lo correspondiente a impuesto predialpor la desactualización catastral en la que siempre han vivido, tampoco recaudan impuesto de Industria y Comercio al no tener amplios tejidos empresariales ni grandes empresas por lo que este impuesto (ICA) es un imaginario. La sobretasa a la gasolina que se recauda, si acaso, da para pagar el combustible del carro del alcalde y de la ambulancia del pueblo.

Grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali oBarranquilla no presentan este problema por los altos recaudos en impuestos municipales (especialmente en Industria y Comercio) así como por la aplicación de instrumentos de financiación como la plusvalía y valorización que permiten apalancar millonarias inversiones.

Seguramente esta reforma tributaria permitirá cambiar las reglas de juego, incluso descentralizar el inmenso pastel tributario que tiene el gobierno central para permitir a gobernaciones y alcaldía aumentar susingresos tributarios. Ni las personas ni las empresas soportarían nuevos impuestos, por lo que el gobierno central deberá ingeniárselas para presentar una reforma acorde a la realidad económica del país, especialmente en los departamentos y municipios más pobres, donde no existen actividades económicas lo suficientemente rentables. ¿Cuáles serán los cambios, habrá nuevos impuestos, actualización catastral rural?, esperemos la propuesta.

El centralismo económico le ha hecho mucho daño al país, la concentración del presupuesto por parte del gobierno central ha impedido que muchos departamentos y municipios superen la pobreza y desigualdad. Esta reforma es una inmensa oportunidad para que se genere un verdadero proceso de descentralización, los recursos para la inversión que tanto necesitan las regiones del país no se pueden seguir manejando dese Bogotá, se les debe otorgar mayor autonomía y capacidad de maniobra real a los Esquemas Asociativos Territoriales EAT,gobernaciones y municipios. De no darse esta reforma como debe ser y la clase política siga pensando en mantener el poder económico desde el estado central, el país seguirá en las mismas, los problemas sociales y la no inversión impedirán la tan anhelada ¨Paz Total¨.