El proceso se adelanta contra militares, quienes según las autoridades, se hacían pasar por miembros del paramilitarismo y cometieron varios crímenes en inmediaciones de Cajamarca.
 
La masacre de Potosí puso en jaque a toda la cúpula militar del 2003 en el Tolima, recordemos que el domingo 2 de noviembre de 2003, hombres armados, vistiendo prendas e insignias del Ejército, secuestraron a John Jairo Iglesias, José Céspedes y a Wilson Quintero. El jueves 6 de noviembre, siendo las dos de la tarde, el mismo grupo llego hasta la vereda Potosí del corregimiento de Anaime (Tolima) y secuestró a Marco Antonio Rodríguez Moreno y a Ricardo Espejo, este último Fiscal del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, Sintragritol seccional Cajamarca.

El día martes 11 de noviembre se conoció la existencia de varias fosas comunes en la finca La Florida, parte alta de la vereda Potosí y allí fueron hallados los cadáveres descuartizados de: Marco Antonio Rodríguez Moreno de 63 años, Germán Bernal Vaquero de 55 años, Ricardo Espejo de 30 años y José Céspedes de 30 años, todos agricultores y habitantes de la región. Además, testigos hablan de 18 personas desaparecidas y el abandono de las fincas locales.

Luego que se confirmara la condena quien fuera, al parecer, ultimado el domingo 2 de noviembre del 2003 en zona rural de Cajamarca, el Tribunal Superior de Bogotá pidió que se investigue a la línea de mando de la Sexta Brigada y el Batallón Jaime Rooke, de Ibagué del año 2003.

El caso fue atribuido a grupos paramilitares, las diferentes investigaciones sacaron a relucir algunas pruebas que demostraron que, al parecer, estos grupos armados ilegales no habrían sido los presuntos autores ya que durante ese tiempo no hicieron presencia en esa zona.

En octubre del año pasado se dio a conocer que el Tribunal Administrativo del Tolima, confirmó una sentencia del Juzgado Tercero de Ibagué, donde se declaró patrimonialmente responsable al Ejército por las torturas y el asesinato del agricultor.

Soldados de la compañía Búfalo de la Sexta Brigada, presuntamente, según informa la Fiscalía, se hicieron pasar como paramilitares del Bloque Tolima, para cometer otros dos asesinatos y desplazamientos en el corregimiento de Potosí en el municipio de Cajamarca. A la víctima, al parecer, la despojaron de dos millones de pesos y una máquina de coser, la cual fue presentada días después a los medios de comunicación, como elementos de una supuesta sastrería de las FARC.

En el expediente se dice que las tropas cometieron los crímenes selectivamente entre el 2 y el 7 de noviembre de 2003, guiadas por un informante identificado como Rodrigo Molina Prieto, que señalaba a las víctimas porque supuestamente eran auxiliadores de la guerrilla.

Por estos hechos ya fueron condenados un Cabo, un Soldado y el mayor Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, quien también trabajó para el capo del norte del Valle, Diego León Montoya, alias “Don Diego”.

El campesino que se salvó de ser asesinado por los militares contó cómo los llevaron hasta la parte alta de la vereda y allí, luego de torturarlos, los asesinaron y los enterraron en una fosa común que fue encontrada por habitantes de la zona y los cadáveres exhumados por parte de la Fiscalía.