La ley 142 y 143 del 1994, es clara en su planteamiento enfocado en la actuación en pro y el beneficio de los usuarios de los servicios públicos. En el caso de la energía eléctrica, son 16 millones de hogares, pequeñas empresas y pequeñas industrias, que se sienten atropelladas por las constantes alzas en precio del kilovatio hora (Kw/H). 

Lo que está sucediendo con la tarifa de energía eléctrica, así como lo relacionado con la prestación del servicio de aseo, es altamente preocupante, deja mucho qué pensar y apunta a que estos “mercados” se le han salido de las manos al Gobierno Nacional.
 
Resulta alarmante ver como día tras día el precio en la energía eléctrica no para de subir. Para inicio de año del 2021, el total de valor de la energía eléctrica era de 610 $/kwh. En lo corrido del 2023, datos del pasado 3 de febrero, solo la generación, sin contar la transmisión, distribución o comercialización, es de 723 $/Kwh.  
 
Las empresas de este sector ganan por punta y punta, tuvieron un ajuste a su favor del índice de Precios al Productor (IPP), superior al 25%, plantearon junto al Gobierno Nacional, un “Pacto por la Justicia Tarifaria”, donde se proyectaba una reducción hasta del 8% y no cumplieron. 
 
La ley colombiana manifiesta, que cada 5 años se debe hacer un ajuste a la fórmula tarifaria, para beneficiar a los usuarios; no entendemos por qué en casi 30 años no se ha llevado a cabo, ¿Qué papel está jugando la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (CREG)?
 
Hoy las generadoras han subido más del 300% el costo de la energía eléctrica. ¿A dónde llevan a los hogares de Colombia con estos abusos en los altos precios?.  Ahora es más que imperativo contar con instituciones sólidas, con capacidad de acción, que defiendan la economía y el bolsillo de los colombianos.  
 
El 90% de la energía eléctrica que se produce en el país, es hídrica, el departamento del Tolima, no es ajeno a este mercado, pero es necesario que a los tolimenses se les explique: ¿por qué la calidad en la prestación del servicio, por parte de las empresas es tan deficiente, sí dentro de la tarifa que los usuarios pagan, se les está cobrando las presuntas mejoras en infraestructura? ¿Quién está vigilando las inversiones que hacen las empresas de este sector, para comprobar si realmente se destinan a mejorar la prestación del servicio?
 
Hoy las empresas  y los hogares colombianos, deben escoger, entre reducir su personal,  hacer mercado, pagar el colegio, universidades de sus hijos o pagar los servicios públicos. Es claro que los altos precios en las tarifas  de los servicios públicos, están frenando la competitividad de las regiones. 
 
En esta época, donde la inflación a nivel mundial parece no dar tregua, y se siente fuertemente en el país, con el aumento de  de los precios de la canasta familiar y varios productos más, los colombianos necesitamos servicios públicos adecuados a la economía de la nación,  que favorezcan a los usuarios y  que enriquezcan de manera desmedida a unas cuantas empresas de este sector, a costa del bolsillo de los colombianos.

Las ganancias de estas empresas son exorbitantes, superiores a los 11 billones de pesos, y si bien, creo en la importancia de la iniciativa privada para el desarrollo de las regiones, donde el estado debe brindarle todas las garantías y seguridad jurídica. Es urgente reformar la ley 142 y 143 de 1994, construir una fórmula tarifaria pensada en los usuarios, acorde a la realidad del país y lo que sucede en las regiones, porque lo que está pasando con las empresas de este sector, se traduce en abusos con los usuarios; alzas por encima del 300% y una clara deficiencia en la calidad del servicio. 
 
Hay que ponerle freno a la forma en que está construido este mercado que favorece a unas cuantas empresas y no a los colombianos.