El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es la herramienta fundamental para definir el crecimiento y la vocación económica de un municipio. En Ibagué, este instrumento ha sido deficiente, sin una visión clara que articule sectores productivos y territorios aptos para el desarrollo industrial, logístico, agroindustrial o turístico. Como resultado, la ciudad ha carecido de un modelo de crecimiento organizado, lo que ha obstaculizado la llegada de nuevas inversiones y la generación de empleo de calidad.

El ordenamiento del territorio ha sido y es hoy el principal problema de desarrollo económico que afronta Ibagué. La falta de una planificación integral ha generado un desorden urbano-rural que afecta el crecimiento del tejido empresarial, la productividad agropecuaria y la competitividad. Además, ha perpetuado brechas sociales como el desempleo y la escasez de empleo de calidad.

Uno de los mayores obstáculos es la ausencia de una visión holística desde el gobierno municipal, la academia, los gremios y los sectores productivos sobre la geografía económica y la localización productiva. La falta de formación en geografía en facultades de arquitectura, ingeniería, economía y administración ha dificultado la comprensión del territorio y su potencial de desarrollo a partir de un modelo de ocupación sostenible.

El municipio de Ibagué presenta una división territorial marcada: apenas el 6% del suelo corresponde a la zona urbana, mientras que el 94% restante es rural. Sin embargo, la planeación del desarrollo económico no ha integrado adecuadamente estas dimensiones, desaprovechando las oportunidades de expansión y relocalización productiva. La delimitación deficiente de zonas industriales y la falta de infraestructura para grandes empresas han provocado la migración de actores económicos hacia territorios con mejores condiciones. El caso de Industrias Murelli puso en evidencia esta problemática haciéndonos despertar de este letargo.

Históricamente, el crecimiento empresarial de Ibagué estuvo marcado por la Ley 44 de 1987, que incentivó la llegada de industrias tras la tragedia de Armero. Sin embargo, al finalizar los beneficios fiscales, muchas empresas abandonaron la región por falta de condiciones favorables para su permanencia. La actual zona industrial, establecida por el decreto 0823 de 2014, apenas abarca el 1,4% del territorio en un polígono de 2.000 hectáreas que carece de normativas complementarias y servicios públicos para garantizar su funcionalidad.

No es momento de buscar culpables por el deficiente ordenamiento productivo de Ibagué. A diferencia de ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia y Bucaramanga, que cuentan con áreas metropolitanas consolidadas para ubicar sus corredores productivos, Ibagué carece de esta ventaja. Sin embargo, parte de la solución está en consolidar modelos de ocupación en torno a las dobles calzadas mirando a Ibague más allá de Picaleña, Gualanday, Chucuni o Buenos Aires, es decir una verdadera Ibagué – Región que pueda liderar la construcción de planes de ordenamiento funcionales con los municipios circunvecinos, procurando desarrollar corredores productivos integrales que permitan la atracción de inversión, localización o relocalización empresarial. Para eso debe estar dispuesta la Cámara de Comercio de Ibagué con la agencia de promoción de inversión API (INVEST TOLIMA), las secretarías de desarrollo económico y planeación, el gerente de proyectos estratégicos de Ibagué, el colectivo Tolima Centro de Inversión, así como los gremios económicos organizados y bien liderados que tenemos hoy.

Los esfuerzos deben enfocarse en replantear muy bien la actualización del POT que se aprobara en el 2027, con el fin de lograr urbanizar la gran zona de expansión que tiene Ibagué hacia las comunas 7 y 9, el corregimiento 14 (Aparco – Buenos Aires – Meseta de Ibagué), ampliando la pequeña zona industrial establecida en el anterior POT de 2014. Se deben generar nuevos polígonos industriales que deberán contar con los respectivos complementos de norma y urbanismos a partir de la implementación de los servicios públicos necesarios para el desarrollo de actividades industriales, agroindustriales, logísticas, urbanísticas o turísticas según lo que se establezca.

Algunas de la estrategias para el corto y mediano plazo se podría enfocar en: La creación de Corredores Productivos Regionales, impulsar un programa de expansión y modernización de urbanismos con fines Industriales o logísticos, desarrollo de alianzas Público-Privadas para la promoción de inversiones, formación en geografía económica y Ordenamiento Económico Territorial, Implementación de un modelo de Ciudad-Región en el marco de ASOCENTRO Tolima y ampliar los beneficios y estímulos para la generación de nuevas empresas, la relocalización y atracción de inversión.

El reto de la administración municipal es monumental. La actualización del POT debe ir más allá de la simple redistribución del suelo urbano; debe ser un ejercicio técnico y transparente que permita atraer inversiones, consolidar un modelo de desarrollo sostenible y garantizar un futuro económico próspero para Ibagué. La ciudad no puede seguir atrapada en un esquema de ordenamiento obsoleto y paquidérmico; necesitamos una planificación que nos permita crecer de manera sostenible, generando empleo y bienestar para nuestros habitantes y futuras generaciones.