El reciente fallecimiento de un menor de 17 años en el municipio de Ataco por fiebre amarilla llevó a las autoridades de salud del Tolima a plantear la necesidad de evaluar la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna para algunos grupos poblacionales, decisión que deberá ser analizada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, explicó que, aunque el paciente tenía antecedente vacunal cuando era un bebe, el caso obliga a revisar la inmunización aplicada en la primera infancia.

“Ante el caso del menor de edad que se supone que tiene una vacuna que le colocaron al año de edad en Ataco, tendremos que entrar a definir en cabeza del ministerio (…) si hay necesidad de poner un refuerzo a este tipo de población”, afirmó.

Rengifo recordó que el departamento mantiene una vigilancia permanente frente a la enfermedad y advirtió que la fiebre amarilla continúa siendo una amenaza activa.

Actualmente, el Tolima registra 126 casos confirmados y 48 mortalidades, con mayor incidencia en municipios del oriente, suroriente y sur del departamento, como Cunday, Prado, Purificación, Chaparral y Ataco.

En materia de vacunación, la funcionaria señaló que cerca de 800.000 tolimenses ya se encuentran inmunizados, aunque persiste un riesgo asociado a la población flotante que ingresa desde otros departamentos.

Según indicó, muchos contagios corresponden a personas que llegan al Tolima sin vacuna, lo que refuerza la necesidad de exigir el carné de inmunización para quienes se movilizan hacia zonas endémicas.

La secretaria reiteró que el Gobierno Departamental, en articulación con el Ministerio de Salud, los municipios y distintos sectores como turismo, agro y organizaciones religiosas, mantiene operativos de control y jornadas pedagógicas para promover la vacunación.

“La solución que tenemos todos es estar vacunados”, insistió.

Finalmente, Rengifo recalcó que cualquier decisión sobre la aplicación de refuerzos deberá basarse en conceptos técnicos y científicos.

“Eso es un análisis que lo hace la rectoría técnica del Ministerio de Salud y Protección Social”, concluyó.