“Se requiere una acción integral del Estado para combatir la minería ilegal”: Olga Lucía Alfonso
En diálogo con Econoticias, la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, Olga Lucía Alfonso, advirtió sobre las graves afectaciones ambientales que está generando la minería ilegal en los ríos Río Saldaña y Río Atá, en el municipio de Ataco, y reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que se adelanten acciones coordinadas que permitan frenar esta problemática.
La funcionaria explicó que, aunque no existen evidencias de contaminación con mercurio en las aguas de estos afluentes, la actividad minera ilegal sí está provocando daños significativos en los ecosistemas por la intervención de maquinaria pesada dentro de los cauces.
“Nosotros no tenemos evidencia de que el río Saldaña y Atá tengan residuos de mercurio, esta actividad minera ilegal corresponde a extracción de oro aluvial, es decir que las aguas sí se contaminan con la presencia de maquinaria y equipos que ocupa el cauce, pero no hay evidencia de que se esté usando mercurio”, indicó.
De acuerdo con Alfonso, los estudios sobre la calidad del agua para consumo humano corresponden a las autoridades sanitarias. En ese sentido, señaló que los análisis realizados por la Secretaría de Salud de la Gobernación del Tolima han determinado que el agua cumple con las condiciones para el consumo humano.
En relación con la actividad minera, la directora recordó que en Colombia esta práctica está regulada y puede realizarse siempre que cuente con los permisos y licencias ambientales correspondientes. También mencionó que en el municipio de Ataco existe una tradición de minería artesanal o de subsistencia, que se realiza manualmente y que está permitida dentro de la normativa vigente.
Frente al control de las actividades ilegales, Cortolima ha adelantado múltiples procesos sancionatorios. Según la directora, actualmente se han iniciado 75 procesos por minería ilegal en el departamento, de los cuales 35 corresponden al municipio de Ataco.
No obstante, la funcionaria aclaró que la corporación ambiental tiene funciones administrativas y no policivas, por lo que no puede realizar capturas ni destruir maquinaria utilizada en estas actividades.
“Cortolima es una autoridad administrativa, no policiva, por lo tanto, no podemos capturar a las personas, no podemos destruir la maquinaria, eso es competencia de la Policía”, afirmó.
Incluso, señaló que en algunos operativos las autoridades han tenido dificultades para decomisar o destruir retroexcavadoras debido a que comunidades presentes en la zona han impedido el desarrollo de los procedimientos.
Desde el punto de vista ambiental, Cortolima realizó un estudio multitemporal que evidenció la magnitud de las afectaciones en esta zona del sur del Tolima. Según los análisis, más de 232 hectáreas han resultado impactadas por la remoción de cobertura vegetal en los cauces del río Atá, el río Saldaña y la quebrada Polen.
La directora advirtió que la intervención de maquinaria pesada dentro de los ríos altera la dinámica natural de los sistemas fluviales, incrementa la turbidez del agua, remueve el lecho de los ríos y afecta directamente la fauna acuática, además de generar riesgos de contaminación por derrames de combustibles y aceites.
Ante este panorama, Cortolima remitió desde octubre un informe a diferentes entidades del orden nacional, incluyendo los ministerios de Defensa y Ambiente, la Fiscalía, la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación del Tolima y las alcaldías, solicitando una intervención articulada.
“Se requiere una acción integral del Estado que permita hacerle frente a una problemática tan compleja con presencia de grupos al margen de la ley y donde hay una estructura delincuencial que desborda la capacidad de la gobernación, alcaldes y Cortolima”, sostuvo Alfonso
Finalmente, la directora reiteró que la corporación ha realizado sobrevuelos y monitoreos con apoyo tecnológico, así como operativos conjuntos con la Policía, el Ejército y otras entidades, pero insistió en que la magnitud del problema exige una respuesta coordinada del Estado para detener la minería ilegal y avanzar en la recuperación ambiental de esta zona del Tolima.