La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, respondió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó a los mandatarios regionales que han manifestado su desacuerdo con la implementación del decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional.

Para Benedetti, resulta un mal ejemplo que los gobernadores inviten a no acatar la ley.

“La Corte Constitucional es quién tiene esa función, y si ellos dicen que no se acata la ley usurpan las funciones de la Corte”, dijo el ministro en su cuenta de X.

Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional estén quién tiene esa función, y si ellos dicen que no se acata la ley usurpan las funciones de la Corte Constitucional. pic.twitter.com/Us0adklnWi

— Armando Benedetti (@AABenedetti) January 15, 2026

Ante estos señalamientos, Matiz afirmó que los gobernadores están actuando dentro del marco jurídico y utilizando los mecanismos legales disponibles frente a un decreto que consideran cuestionable.

“Nosotros estamos dando aplicación a las herramientas jurídicas que tenemos y por eso vamos a acudir ante la justicia para que sean los organismos competentes los que nos den la razón en ese sentido”, expresó la mandataria.

La gobernadora hizo estas afirmaciones durante el primer Encuentro de Gobernadores convocado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), en el que lanzó una fuerte crítica al Decreto de Emergencia Económica 1474, expedido el pasado 29 de diciembre.

En ese escenario, Matiz aseguró que la norma representa “un asalto desde la centralización a las entidades territoriales y un raponazo a sus recursos”.

Durante su intervención, solicitó analizar la posibilidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente al decreto y, de manera paralela, presentar un pronunciamiento directo ante la Corte Constitucional, más allá del estudio que actualmente adelanta ese alto tribunal sobre la declaratoria de emergencia.

“La discusión no puede limitarse solo a la emergencia. Es indispensable que la Corte tenga en cuenta la violación a la autonomía territorial y las afectaciones reales que este decreto genera en los departamentos”, señaló.

Uno de los puntos más cuestionados por la mandataria fue el artículo 15, parágrafo segundo, el cual limita el recaudo departamental al establecer que todo ingreso que supere el crecimiento del IPC entre 2025 y 2026 debe ser transferido a la Nación. Además, la norma obliga a realizar liquidaciones mensuales y a girar esos recursos en un plazo máximo de 15 días.

“Esto es inconcebible. Se está castigando la gestión territorial, porque cualquier esfuerzo adicional de recaudo termina en manos del Gobierno Nacional. Es, literalmente, un raponazo a los recursos de las entidades territoriales”, afirmó Matiz.

La gobernadora también advirtió que el decreto carece de rigor técnico y legislativo, y alertó sobre posibles efectos negativos en la lucha contra el contrabando de licores. Citando estudios de la Federación Nacional de Departamentos, recordó que el 29 % del licor que se consume en Colombia es adulterado o de contrabando, y sostuvo que la nueva reglamentación podría agravar esta problemática.

“Todo el trabajo que hemos adelantado desde los departamentos para combatir el contrabando puede verse seriamente afectado, con impactos directos en la salud pública y una mayor presión sobre los servicios de urgencias, sin que tengamos los recursos para responder”, agregó.

En el plano jurídico, Matiz argumentó que existe una inexistencia de conexión material y de necesidad entre el fin del decreto y el medio utilizado, que es la apropiación de impuestos territoriales. Asimismo, denunció una violación al principio de certeza tributaria consagrado en el artículo 338 de la Constitución, al considerar que se crean nuevos hechos generadores sin definir claramente los elementos del tributo.

Para concluir, la gobernadora del Tolima hizo tres llamados a sus homólogos: revisar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, enviar un escrito propio a la Corte Constitucional y fijar una posición unificada frente a lo que calificó como “un asalto desde la centralización a las entidades territoriales en materia fiscal”.