Mientras algunos se apresuran a buscar culpables políticos, a convertir cada decisión administrativa en un ataque partidista o a utilizar las redes sociales como un tribunal de acusaciones, nuestro departamento literalmente se está quemando.

Cerca de 20.000 hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales. Hay viviendas destruidas, cultivos y pastos consumidos, animales afectados y familias campesinas que ven desaparecer, en cuestión de horas, buena parte de lo que construyeron durante años. Municipios como Ortega, Suárez, Carmen de Apicalá, Coello, Guamo, San Luis y Armero-Guayabal han vivido algunos de los episodios más críticos de esta emergencia. 

Es que detrás de cada hectárea hay algo más que una cifra: hay una familia, un campesino, un animal, una cosecha, un bosque, una fuente de agua. Por eso hay una pregunta que debemos hacernos, aunque todavía no tengamos una respuesta clara: ¿a quién beneficia que  el Tolima esté en llamas?

La pregunta no necesita una acusación, pero si necesita la obligación de investigar.

Sabemos que buena parte de los incendios tiene origen humano. Pero “provocado por el hombre” no significa necesariamente “provocado criminalmente”. Puede haber una quema irresponsable, una imprudencia, una negligencia o una acción deliberada.
Entonces, por eso resulta tan importante la investigación que ya está en manos de la Fiscalía. La Gobernadora del Tolima denunció la existencia de indicios sobre posibles manos criminales detrás de algunos incendios y pidió determinar quiénes podrían estar provocándolos. Incluso se ha planteado una recompensa para obtener información que permita identificar a los responsables.
Si alguien está incendiando deliberadamente nuestro territorio, no estamos frente a un simple delito ambiental. Estamos frente a una agresión contra el patrimonio de los tolimenses.

¿Para qué? Esa es la pregunta verdaderamente importante. ¿Intereses económicos? ¿Conflictos por tierras? ¿Minería ilegal? ¿Acciones de estructuras criminales? ¿Algún propósito de generar caos o distraer la capacidad de la Fuerza Pública?

Todas pueden ser hipótesis de investigación. Ninguna puede convertirse todavía en algo concreto. Porque una cosa es investigar y otra muy distinta es condenar desde  Facebook o cualquier otra red social.

De hecho, aquí aparece otra preocupación, no convirtamos la tragedia en otra batalla política. 

Mientras los bomberos están metidos entre las llamas, mientras soldados, policías, organismos de socorro, autoridades locales y comunidades trabajan para contenerlas, resulta mezquino convertir la emergencia en una pelea ideológica.

La gobernadora no lo pudo decir mejor: no se puede permitir que, en medio de la tragedia, alguien quiera meternos en una “emergencia politiquera”. Ese síntoma es tan dañino como el fuego mismo, porque distrae y resta importancia a lo único que importa: apagar las llamas.

Hoy hay que agradecer: A los bomberos que arriesgan su vida. A los organismos de socorro. A las Fuerzas Militares y de Policía. A los alcaldes y funcionarios que están en el territorio. A las comunidades que ayudan. A quienes transportan agua, atienden animales y colaboran para proteger a sus vecinos.

También hay que decirlo con honestidad y sin tacañería: la respuesta institucional ha estado a la altura. Ciento cincuenta bomberos desplegados, refuerzos desde Bogotá, Boyacá, Huila, Antioquia y el Valle, apoyo aéreo gestionado con urgencia, calamidad pública declarada a tiempo y una gobernadora que no ha esperado a que las cámaras se vayan para exigir helicópteros y denunciar ante la Fiscalía. Ese despliegue merece reconocimiento, punto.  

Ahora bien, si las investigaciones demuestran que alguien decidió prenderle fuego al Tolima intencionalmente, tendremos que hacernos una pregunta todavía más profunda: ¿Quién gana con un departamento debilitado, empobrecido, asustado y en llamas?