Colombia lleva dos semanas viviendo algo que ningún manual de gestión del riesgo puede describir del todo. El 10 de agosto un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el occidente del país con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejando 312 fallecidos, 4.611 heridos y 290 desaparecidos entre Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, con daños materiales que los primeros cálculos ubican cerca de los 30 billones de pesos. Y casi sin tiempo para procesar esa tragedia, el Tolima empezó a arder. Hoy el departamento concentra 24 focos de incendio forestal activos en 13 municipios, más de 20.000 hectáreas devastadas, 50 viviendas destruidas, 18.000 cabezas de ganado sin pastura y pérdidas agropecuarias que ya superan los 41.000 millones de pesos según la Gobernación del Tolima y la UNGRD. La doble calzada Ibagué-Espinal comprometida por el humo y las llamas. Y detrás de todo esto, el fenómeno de El Niño confirmado desde junio con una probabilidad del 96% de extenderse hasta enero de 2027, actuando como el combustible silencioso que agrava cada frente abierto.

Tres emergencias simultáneas. Un solo país intentando responder a todas al mismo tiempo.

Lo que ha ocurrido en estas semanas merece un análisis que vaya más allá del balance de víctimas y de los centros de acopio. No porque eso no importe, importa enormemente, sino porque hay algo más que está pasando y que vale la pena nombrar con la misma claridad con que se cuentan los escombros y las hectáreas calcinadas.

Pocas horas después del terremoto, antes de que el gobierno terminara de activar sus protocolos, los colombianos ya se estaban moviendo solos. Vecinos sacando a vecinos de entre los escombros. Voluntarios llegando sin que nadie los convocara. Puntos de acopio apareciendo en universidades, empresas y conjuntos residenciales de ciudad en ciudad. La ANDI coordinó donaciones millonarias del sector empresarial. El Banco de Alimentos activó corredores humanitarios. La Cruz Roja habilitó seis puntos en Bogotá desde el mismo lunes. Y en el Tolima, mientras los bomberos de Armero Guayabal, Espinal, Ibagué, Rovira, Chaparral y Coyaima combatían el fuego junto a brigadas llegadas desde Antioquia, Boyacá, Huila y Valle del Cauca, las comunidades rurales organizaban cadenas de agua, cuidaban los animales de los vecinos y compartían lo poco que tenían con quienes lo habían perdido todo. Los más pobres también dieron. Esa imagen, la del más necesitado que aún así tiende la mano, es la radiografía más honesta del carácter colombiano que existe, y ninguna estadística logra capturarla del todo.

Pero hay una conversación que estas semanas vuelven a poner sobre la mesa con toda su urgencia. La solidaridad en el momento de la crisis es real, poderosa y necesaria. Lo que viene después es donde se gana o se pierde verdaderamente y es el llamado y reflexión a la que me quiero referir; cuando los centros de acopio se vacían, cuando las cámaras se van a otra noticia y cuando el ciclo mediático sigue su curso, las comunidades afectadas siguen ahí, frente a los escombros o mirando las hectáreas calcinadas, preguntándose cómo volver a empezar. Y esa pregunta no se responde únicamente con donaciones. Se responde con empleo, con reconstrucción que genere tejido económico real, con acceso a crédito para el ganadero que perdió su pastura, con acompañamiento técnico para el agricultor tolimense cuyo cultivo desapareció entre las llamas, con una política ambiental sostenida que no dependa de la emergencia para activarse y que trascienda los periodos de gobierno. El Tolima acumula, según la UNGRD con corte al 6 de agosto, 140 eventos de incendio forestal en 38 de sus 47 municipios, el primer lugar en el país. Esos números no son solo una estadística climática. Son el retrato de un territorio cuya economía rural y cuya biodiversidad vienen siendo consumidas lentamente por el fuego, agravadas por El Niño y por años de deforestación y de manejo inadecuado del suelo. Cortolima advierte que la probabilidad de que El Niño alcance intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre es muy alta y que sus efectos podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027. Lo que viene todavía no ha llegado, y eso obliga a pensar con más seriedad en la prevención que en la respuesta.

Por eso esta semana, más que nunca, tiene sentido hacerse una pregunta muy concreta y muy cercana: ¿a quién le estamos comprando? El campesino tolimense que perdió su pastura, el ganadero de Coello o de Coyaima que amaneció sin qué darle a su ganado, el agricultor de Ortega o de San Luis que vio arder semanas de trabajo, no necesita solo donaciones en este momento. No necesita mercados solamente, necesita que cuando vuelva a producir, alguien decida comprarle a él antes que al intermediario, prefiera su queso, su carne, su fruta, su panela, sobre cualquier producto que recorrió cientos de kilómetros innecesarios antes de llegar a nuestra mesa. Y lo mismo aplica para el emprendedor urbano de esta ciudad que va a salir adelante después de esta crisis con menos recursos y más presión. Elegirlo, comprarle, recomendarlo, preferirlo sobre la cadena grande o el proveedor de afuera, es una forma de solidaridad que dura mucho más que una caja de mercado y que llega directa al bolsillo de quien más lo necesita. Esa decisión, multiplicada por miles de familias en Ibagué, es también una forma de reconstruir el tejido económico del territorio desde adentro, desde la consciencia colectiva de consumo, sin esperar a que llegue un programa o una política a decirle a cada ciudadano lo que puede hacer con su propia decisión de compra.

Colombia tiene algo que muy pocos países pueden reclamar con la misma convicción: una capacidad de levantarse que parece directamente proporcional a la dureza del golpe. Eso lo hemos demostrado estas dos semanas con hechos concretos y con personas reales. Pero levantar una vez no es suficiente si el territorio sigue igual de expuesto la próxima vez. El país necesita una política ambiental que proteja sus ecosistemas antes de que ardan y modelos de reconstrucción que generen economía sostenible y no solo infraestructura provisional. Y esa transformación, aunque requiere decisiones de Estado, empieza mucho antes en algo más simple y poderoso: en la consciencia de cada ciudadano de mirar primero a su territorio, de conocer quién produce lo que consume, de apoyar al campesino y al emprendedor tolimense antes de que la próxima emergencia los encuentre más solos y más frágiles que esta vez.