Hay conversaciones que una sociedad lleva años aplazando, no porque no sean urgentes, sino porque se han vuelto parte del paisaje. Una de ellas tiene que ver con el campesino: con quién lo defiende realmente, con quién lo usa como bandera y con quién simplemente lo olvida cuando termina la celebración. En Colombia, la economía campesina lleva décadas atrapada entre el discurso y la realidad, entre el reconocimiento simbólico y la ausencia de política pública sostenida. Y en una semana en que el país está concentrado en definir su rumbo político para los próximos cuatro años, vale la pena preguntarse con honestidad cuánto espacio ocupa el productor rural en esa conversación, más allá de los titulares y las promesas de campaña. La seguridad alimentaria no debería ser un tema de coyuntura electoral. Debería ser un compromiso de Estado, con continuidad y con cifras que lo respalden. Porque el campo no ha prosperado más en los gobiernos que más lo nombraron. 

Colombia tiene 14,6 millones de campesinos. Representan el 28% de la población total del país. Producen entre el 55% y el 70% de los alimentos que llegan a la mesa de los colombianos, según datos del Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA. Lo hacen con apenas el 25% de la tierra productiva disponible. Son, en términos puramente económicos, el actor más eficiente del sistema alimentario del país. Y sin embargo, de esos 14,6 millones, apenas 6,4 millones tienen trabajo reconocido formalmente. El 83% de los que trabajan en el campo lo hace en condiciones de informalidad laboral, sin contrato, sin seguridad social, sin red de protección. El que siembra no siempre es el que gana.

Esa paradoja no es nueva, pero sigue siendo urgente. El sector agropecuario colombiano cerró 2025 como una de las actividades económicas importante… avance de 3,1% y cinco trimestres consecutivos en terreno positivo, según el DANE. Pero ese dato agregado esconde una realidad más compleja: en el primer trimestre de 2026 el PIB agropecuario cayó 1,4%, presionado por el comportamiento del café, cuyo PIB sectorial retrocedió 30,5%, y por caídas importantes en cultivos como el arroz, que bajó 17,5%, y el cacao, que cayó 22,8%. Dos de esos cultivos son pilares del campo tolimense. El clima, los costos de los insumos y la incertidumbre de los mercados golpean primero y más fuerte a quien trabaja la tierra con menos respaldo.

Y aquí hay una lección que el emprendimiento urbano tendería a pasar por alto si no se detiene a mirarla. El campesino colombiano lleva décadas operando bajo condiciones que cualquier empresa urbana consideraría inviables: sin acceso real al crédito formal, pues apenas el 65,6% de la población rural tiene acceso a productos financieros, una cifra que subió solo cinco puntos porcentuales en seis años según el DANE; con pérdidas de hasta el 50% en productos como yuca, mango y hortalizas de hoja por deficiencias en la cadena logística, según la FAO; y recibiendo en muchos casos entre el 15% y el 25% del precio que paga el consumidor final por un alimento fresco, mientras el resto lo captura una cadena de intermediación que no siempre agrega valor proporcional. Que en esas condiciones la agricultura campesina siga siendo la columna vertebral de la seguridad alimentaria del país no habla solo de vocación. Habla de una resiliencia estructural que merece mucho más que admiración.

El Tolima es un territorio que entiende esto en carne propia. El departamento figura entre los principales productores nacionales de café, arroz, cacao y plátano. Es una despensa real del centro del país. Pero esa vocación productiva no siempre se ha traducido en cadenas de valor que beneficien primero a quien trabaja la tierra. La brecha entre producir y prosperar sigue siendo el problema no resuelto de la economía rural tolimense, y resolverlo no depende de un solo actor ni de una sola administración.

Lo que sí depende de todos, cada día, es una decisión concreta: a quién le compramos. El comercio al interior de las regiones colombianas no supera el 24% de la distribución de alimentos, según datos de la FAO. Eso significa que una parte enorme de lo que consumimos recorre distancias innecesarias antes de llegar a nuestra mesa, encareciendo el producto y diluyendo el ingreso del productor original. Conectar directamente al campesino con el consumidor urbano no es romanticismo, es una corrección de mercado que beneficia a los dos extremos de la cadena y elimina ineficiencias reales.

Colombia tiene la atención puesta en su decisión electoral más importante de los últimos años. Pero la seguridad alimentaria, el ingreso digno del productor rural y la economía campesina no deberían ser temas de campaña sino de Estado, con continuidad independiente del resultado electoral. El campesino no cultiva cada cuatro años. Lo hace todos los días, con o sin política pública que lo respalde, con o sin quien lo vea.

Ibagué tiene campo, tiene productores, tiene tradición y tiene una semana que acaba de vivir como prueba de que cuando la ciudad le abre espacio al campo, algo importante ocurre. Ahora el reto es que ese encuentro no se quede en el calendario, sino que se convierta en política, en mercado, en infraestructura y en decisiones de compra conscientes de todos… todos los días del año. Celebrar al campesino es un buen comienzo. Construir con él mas allá de campañas electorales… es el siguiente paso.