Más de 21.396 víctimas fueron registradas oficialmente por este delito, aunque todos sabemos que las cifras son apenas la punta del iceberg de un horror mucho más fuerte y por el que hubo familias destrozadas, comunidades intimidadas, generaciones enteras marcadas por el miedo.

La decisión reconoce lo que muchos siempre supimos, que el secuestro no fue un hecho aislado, sino una política sistemática. En el año 2000, el país llegó a vivir un promedio de tres secuestros diarios, convirtiéndose en la nación con más secuestrados en el mundo. Esa claridad judicial es un triunfo para la verdad histórica, sin embargo, la pregunta que surge es ¿esta verdad basta para sanar las heridas que sufrieron miles de compatriotas?

Los excomandantes no irán a prisión, en lugar de rejas, recibirán sanciones “diferenciales”: como contribuir al desminado, hacer proyectos comunitarios, obras en territorios afectados y actos de reparación simbólica; entonces, es aquí donde nacen las dudas y el malestar ¿puede una carretera, una escuela o un acto público de perdón compensar años de encierro, tortura psicológica y vidas dañadas?

Quienes defienden la sentencia dicen que es preferible conocer la verdad y garantizar una reparación colectiva que encerrar a unos cuantos en cárceles donde nada se transforma. Pero quienes critican —y son muchos, incluso entre las víctimas y sus familiares — sienten que la falta de una sanción severa envía un mensaje peligroso: que en Colombia, crímenes atroces pueden ser negociados muy barato.

El costo económico del secuestro también fue devastador. De acuerdo con estudios de Fedesarrollo, entre 1996 y 2002 las pérdidas anuales por secuestro y extorsión llegaron a representar hasta el 1,5 % del PIB nacional, afectando inversión extranjera, turismo y confianza empresarial. El daño no fue solo humano, sino también estructural para la economía y la imagen internacional del país.

La JEP puso a prueba su legitimidad, puesto que no basta con proclamar la restauración de las víctimas, se necesita saber cuáles son las zonas en las que se debe hacer el desminado y en cuáles territorios se harán las obras con cifras cuantificables y verificables. De lo contrario, la herida no solo seguirá abierta, sino que se convertirá en una cicatriz de desconfianza para cualquier intento futuro de paz.

Colombia no puede seguir acostumbrándose a llamar justicia a lo que apenas es un simulacro de reparación. No se trata de venganza ni de hambre de cárcel, se trata de dignidad. Si quienes convirtieron el secuestro en un negocio y una estrategia de guerra no enfrentan sanciones proporcionales, la historia nos recordará como un país que negoció la verdad a cambio de impunidad. La paz sin justicia es un espejismo, y un espejismo no calma el dolor de un oscuro pasado.