El asesinato de Charlie Kirk en Utah sacudió a Estados Unidos y al mundo político. No solo porque la víctima era una figura visible de la derecha conservadora, sino porque ocurrió en un espacio que, en teoría, debía ser seguro: una universidad.

El ataque contra una figura pública durante un acto abierto al público no puede entenderse únicamente como un episodio aislado, sino como la manifestación de un clima de polarización ideológica en el mundo  que erosiona los límites entre la diferencia política y la agresión física. 

En Colombia, este fenómeno adquiere una dimensión aún más compleja. La violencia política no se restringe a hechos puntuales contra figuras visibles, sino que se entrelaza con la historia prolongada del conflicto armado, la presencia de economías ilegales y la debilidad institucional en amplias zonas rurales.

Los asesinatos de líderes sociales, las amenazas a candidatos locales y el control territorial de grupos armados configuran un escenario en el cual la democracia se ve limitada y la participación política se convierte en un ejercicio de alto riesgo.

En ambos casos las causas del problema son Comunes: La polarización ideológica, que define al adversario como enemigo y legitima su eliminación simbólica o física. La desconfianza en las instituciones, que debilita los canales formales de resolución de conflictos y alimenta la búsqueda de soluciones violentas y la masificación de discursos de odio, amplificados por redes sociales y medios de comunicación, que contribuyen a la deshumanización del adversario.

Entonces, cuando el rival se convierte en “enemigo de la patria” o en “amenaza a los intereses de alguien”, se siembra la semilla para que cualquiera, en nombre de una causa, crea que matar al otro por lo que dice y piensa es legítimo. Y cuando las instituciones no protegen eficazmente a quienes piensan distinto, la violencia encuentra espacio para crecer.

Sin embargo, las diferencias son igualmente relevantes. Mientras en Estados Unidos la violencia política se relaciona principalmente con la radicalización del discurso y la facilidad de acceso a armas de fuego, en Colombia está profundamente vinculada a dinámicas estructurales como la persistencia de actores armados ilegales, la ausencia del Estado en regiones rurales y la disputa por recursos económicos ilícitos.

La violencia política, ya sea la de un francotirador solitario en Utah o la de un frente guerrillero en el Cañón del Micay, nos recuerda lo frágil que es la democracia cuando se normaliza la idea de que el otro no merece vivir. La verdadera batalla es cultural y política, en donde recuperar el valor de la vida, se convierte como condición mínima de convivencia democrática.