En lo que lleva del año, Colfecar ha registrado 274 bloqueos que suman cerca de 200 días perdidos. Esta situación compromete gravemente los derechos fundamentales, generando pérdidas económicas significativas, desabastecimiento de alimentos, encarecimiento de los productos básicos y medicamentos, entre otros, afectando a todos los ciudadanos y deteriorando la confianza en la capacidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad.
El Consejo Gremial Nacional aclaró que es respetuoso del derecho constitucional a la protesta pacífica, pero que este derecho no puede ejercerse vulnerando otros igualmente protegidos, como el derecho a la libre circulación, al trabajo, a la educación y al acceso a bienes esenciales. No puede haber jerarquía entre derechos, ni justificación para que unos se ejerzan a costa de otros.

La organización cúpula del empresariado nacional mostró su inquietud por los recientes anuncios del Presidente de la República que alientan nuevas jornadas de movilización. En un contexto de creciente tensión institucional, dificultades económicas y conflictividad social, los llamados a la movilización deben hacerse con responsabilidad, sin alentar escenarios de confrontación ni poner en riesgo la estabilidad del país.
Desde el sector productivo se hace un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que actúen con celeridad, garanticen el derecho a la movilidad, restablezcan el orden en las vías y protejan los derechos de todos los colombianos. 

“La democracia se fortalece cuando los conflictos se tramitan por canales institucionales, no cuando se permite que las vías de hecho se impongan sobre el Estado de Derecho” señala el Consejo Gremial.

“En su calidad de jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de Policía, exigimos al Presidente de la República ordenar el levantamiento inmediato de todos los bloqueos, para garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos y el abastecimiento de alimentos, medicamentos y demás bienes esenciales. El ejercicio del poder público debe proteger, sin dilación, los derechos fundamentales de todos los colombianos”, concluyó.