Una comunidad rural del municipio de Venadillo, Tolima, alzó la voz contra lo que consideran una injusticia institucional que frenó su desarrollo. 

En un derecho de petición enviado a la Procuraduría General de la Nación, el presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de la vereda Cofradía–Gallego, Eduard Ferley Carrillo Aranzalez, denunció que la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, negó arbitrariamente la licencia ambiental a un proyecto solar que había sido socializado, acompañado y respaldado por los habitantes del territorio. 

El proyecto Los Venados, promovido por la empresa internacional Voltalia, buscaba instalar una planta fotovoltaica de 15 megavatios y una línea de transmisión de 34.5 kV en zona rural de Venadillo. 

Más allá de la inversión de más de US$10 millones, la comunidad lo veía como una oportunidad concreta de empleo, formación técnica y generación de energía limpia. Pero todo fue frenado por una resolución de Cortolima que, según la denuncia, desconoció la voluntad popular, desestimó evidencia técnica y emitió una decisión sin justificación proporcional. “Somos testigos de cómo la corporación pretende vulnerarnos el derecho al trabajo, a un ambiente sano, porque comprendemos lo que implica la energía renovable y la descarbonización del medio ambiente”, se lee en el documento firmado por Carrillo y dirigido a la Procuraduría y a Cortolima.

El líder comunal Eduard Ferley Carrillo no solo cuestiona la decisión de Cortolima, sino también el trato displicente que la corporación dio a la comunidad. En la carta enviada a la Procuraduría, el representante de la JAC relata que el pasado 2 de mayo se presentó una solicitud formal para conocer el estado del trámite ambiental, y que la respuesta que recibieron fue superficial e irrespetuosa con el proceso: “De manera displicente nos contestan que estaban en la proyección del acto administrativo, sin responder de fondo lo que nos continúa intrigando”.

El silencio de Cortolima, solo ha incrementado la preocupación al interior de una comunidad que esperaba una oportunidad de trabajo y desarrollo para un municipio que está siendo golpeado por el desempleo.Según un informe emitido por la Universidad de Ibagué en 2024, Venadillo, Tolima, tiene una economía rural concentrada en agricultura, ganadería y comercio local. En 2021, su valor agregado fue apenas del 1,07 %, reflejando baja industrialización y pocas opciones productivas. A esto se suma una tasa de desempleo del 12 % en Tolima , según cifras de DANE. 

Frente a este panorama, el proyecto solar Los Venados representa una alternativa real para dinamizar la economía local, generando empleo en el municipio.

Respaldo popular y sustento técnico

Detrás del proyecto Los Venados hay una comunidad que participó activamente acompañando cada etapa del proceso y que hoy da fe del cumplimiento técnico por parte de la empresa. Eduard Carrillo, señala que desde el inicio los habitantes del territorio estuvieron involucrados en las socializaciones, en los trabajos de campo y en el proceso técnico del proyecto. “La comunidad ha estado muy de cerca. Primero, en las socializaciones que hizo Voltalia antes de hacer cualquier trabajo. Segundo, el personal de mano de obra que necesitaban lo contrataron en la zona. 

Entonces la gente de la vereda puede dar fe de todo el trabajo técnico que hizo la empresa para poder presentar los documentos a Cortolima”, explicó Carrillo. Carrillo también señala que miembros de la comunidad fueron empleados para la recolección de información técnica, participaron en actividades de campo y estaban en proceso de formación con el SENA para obtener certificación técnica. De hecho, el proyecto incluía mejoras en la infraestructura de la vereda y ofrecía salidas laborales reales en una zona con pocas oportunidades. “Habíamos pasado los documentos para que vinieran y nos capacitaran en paneles solares y después nos graduaron como técnicos y trabajar con ellos. Pero todo eso se paró. La gente está muy desilusionada”, aseguró el líder comunal.

De hecho, la comunidad ha asegurado que Voltalia ha hecho presencia en el territorio desde el 2023 y que el trámite con Cortolima empezó en abril de 2024. Pese a que la compañía cumplió con los 41 requerimientos formulados por Cortolima, entregó estudios ambientales, modelaciones técnicas y pruebas de campo, la corporación emitió un concepto negativo sin reconocer el valor de la participación ciudadana ni el trabajo técnico ejecutado con rigurosidad.

De protagonista a víctima

La denuncia presentada por la JAC de Cofradía–Gallego revela un hecho contundente: la comunidad no fue ignorada por la empresa, sino por la autoridad. Puesto que la entidad hizo visitas, socializó el proyecto, contrató personal local y articuló procesos de formación.Los habitantes del municipio de Venadillo también cuestionan un doble rasero institucional, señalando que si se tratara de una licencia para extraer petróleo o materiales del río, “ahí sí la aprueban de inmediato, pero como esto era para beneficio de la comunidad, entonces no”.

Daño económico y potencial afectación ambiental

Con la resolución de Cortolima, se pierden:

●Empleos directos e indirectos en el municipio.

●Procesos de formación técnica para jóvenes rurales.

●Una reducción de 23.000 toneladas de CO₂ anuales.

Así las cosas, el municipio podría quedarse sin un proyecto que contribuya al cumplimiento de los compromisos climáticos del país.