Eisenhower Echeverry, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Ibagué, denunció que la expansión de servicios de transporte no regulado ha provocado, aparentemente, una drástica disminución en los empleos y en los ingresos del sector.

"En el 2019 teníamos 6.000 empleos directos en los 3.100 carros que hay en la ciudad y trabajaban en dos turnos de 12 horas. Hoy, al revisar las cuentas, con la aparición de la ilegalidad ya no tenemos sino alrededor de unos 4.300 empleos directos", explicó Echeverry.

Según sus cálculos, esto representa una pérdida de aproximadamente 1.700 empleos directos que significa una disminución en la economía diaria de la ciudad y en los aportes al sistema de seguridad social, valorados en cerca de 18.000 millones de pesos, dijo el líder taxista.

Echeverry criticó la falta de intervención por parte de la administración local y el Gobierno Nacional, quienes, a su juicio, no están viendo la magnitud del problema.

"Eso no lo está viendo la alcaldesa ni el gobierno nacional; por el contrario, nos amenazan con proyectos de ley que acaban de radicar en el Congreso para regular las plataformas", señaló, en referencia a propuestas que legalizarían el funcionamiento de aplicaciones de transporte privado.

El líder gremial también destacó que el sector de taxis realiza contribuciones significativas en impuestos destinados a la construcción y mantenimiento de vías, a través de pagos como la tarjeta de operación y el impuesto de rodamiento. En contraste, Echeverry cuestionó: "¿El transporte ilegal qué le aporta a la ciudad?".