Cuando en la capital tolimense se especulaba sobre la supuesta contratación de Marc Anthony para las fiestas de junio, Ecos del Combeima dio a conocer en exclusiva el pasado 4 de abril que Carlos Vives sería el artista escogido por la Alcaldía de cara a la celebración del Festival Folclórico Colombiano.

La información que se generó desde esta redacción fue confirmada por el Gobierno Municipal 11 días después, sin embargo, el anuncio formal generó menos aceptación de la que se tenía presupuesta. Los ibaguereños no recibieron de la mejor manera la millonaria inversión que se haría con recursos públicos.

No obstante, la cuestionada destinación de dineros del municipio era apenas un preámbulo del tremendo escándalo que estaría por venir. La Alcaldía no supo mover sus fichas y terminó sumergiéndose en líos jurídicos que hoy tienen enredadas las festividades del folclor.

Cayeron los organismos de control

El 17 de abril el personero Camilo Ossa anunció a través de Econoticias que le solicitaría a la Secretaría de Cultura la información correspondiente a la etapa precontractual del concierto de Carlos Vives y Manuel Turizo, pues para la fecha ya era evidente que había serias irregularidades contractuales.

Con la documentación en su poder, la Personería Municipal abrió formalmente una investigación disciplinaria a la secretaria de Cultura, Cristina Prada, el pasado 3 de mayo. Ecos del Combeima conoció que el organismo de control tendría pruebas que además evidenciarían un sobrecosto en los servicios contratados.

Las pullas de la empresaria

Carolina Barrios llegó hasta los estudios de ‘la emisora con identidad regional’ para intentar explicar las aparentes inconsistencias; sin embargo, sus pálidas declaraciones terminaron de evidenciar la poca claridad contractual que cada día se hacía más evidente.

Lo que sí dejó claro la empresaria el pasado 2 de mayo es que la Alcaldía de Ibagué no había hecho efectivo el primer anticipo, e incluso denunció intereses de dilación por parte del Gobierno Municipal, lo que fortaleció la idea que Jaramillo estaría contemplado dar el ‘reversazo’.

Las advertencias de los profesionales del derecho

El pasado 16 de abril Econoticias dio a conocer el top 5 de las presuntas irregularidades contempladas en el contrato que estimaba una suma de $2.964 millones para Carolina Barrios en calidad de representante legal de la empresa CB Eventos.

En esa ocasión, el abogado Luis Felipe Aranzalez dio a conocer cuáles serían las inconsistencias en las que estaría incurriendo el Gobierno Municipal al contratar de manera directa. celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, posible interés indebido en contrato, falta de planeación por la ausencia de estudios financieros, sociales y económicos y hasta un prevaricato por acción.

La polémica tuvo eco en el Concejo

Antier el presidente del Concejo de Ibagué, Juan Pablo Salazar, dijo que el contrato que se había firmado entre la Alcaldía de Ibagué y CB eventos para la presentación de Carlos Vives y Manuel Turizo el próximo 28 de junio en el estadio, debía ser cancelado de manera unilateral.

Salazar se refirió a la necesidad de que el alcalde Jaramillo castigue a los funcionarios que no han tenido respeto por la función pública, y advirtió que el mandatario local goza de todas las facultades jurídicas para para soportar dicha cancelación.

Lo que viene

Pablo Bustos, presidente nacional de la Red de Veedurías Red Ver, aseguró en diálogo con Econoticias que si se llega a establecer que existió dolo en el contrato que firmó la Alcaldía de Ibagué con la empresaria Carolina Barrios para el concierto de Carlos Vives y Manuel Turizo, las autoridades podrían tomar decisiones en contra de los funcionarios que participaron en este proceso.

Bustos, reconocido en Colombia por ser uno de los veedores que más ha destapado casos de corrupción, advierte que en el proceso contractual por $2.964 millones existió violación de las normas de contratación.

La respuesta de Carolina Barrios

Por medio de su abogado, el doctor Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, la empresaria dio a conocer que ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa serán expuestas todas las presuntas irregularidades cometidas por la Alcaldía de Ibagué.

El jurista señala que no habrá un pronunciamiento público al respecto, sino que las declaraciones serán entregadas durante la etapa procesal. En el oficio que conoció Econoticias se refieren a un procedimiento abiertamente ilegal establecido por la secretaria de Cultura, Cristina Prada.