En un ejercicio de prospectiva, el sector industrial ha venido advirtiendo sobre “La nueva esclavitud China en América Latina: trabajo forzado, dumping y cooptación regulatoria: el modelo que Colombia no puede seguir ignorando”, el cual expone un patrón de conquista de mercados asiáticos que ha destruido sectores industriales en Perú, México y Brasil, y cuya llegada a Colombia pone en riesgo inminente al tejido productivo nacional.

El análisis sectorial detalla un nuevo ciclo de expansión chino que inicia con el dumping de productos, continúa con el etiquetado fraudulento, y sigue con la importación masiva que erosiona la capacidad productiva local. 

El ciclo culmina con la apertura de fábricas que operan con trabajadores sin derechos, capital subsidiado por el Estado chino y precios imposibles de replicar por cualquier economía con legislación social y laboral dignas.

El documento advierte que “América Latina está viviendo ese momento, y lo está padeciendo con sus gobiernos mirando en otra dirección y la preocupación de sus industriales”. 

La formalización de la Iniciativa de la Franja y la Ruta por parte de Colombia y el gobierno chino el 14 de mayo de 2025, acelera una asimetría que la industria colombiana no puede resistir: ¡China puede producir en tres días lo que Colombia produce en un año entero! El asunto es que no hay antecedentes de defensa comercial y realmente la industria no está preparada para enfrentar la instalación directa de estas plantas en el territorio colombiano.

Alerta en Ibagué: El inicio del control
Uno de los hallazgos es que este modelo ya comenzó en Colombia con la instalación de una planta cerámica de la empresa ACME Industrial y B6 El Arrayán S.A. en Ibagué, Tolima. 

Dicha introducción se realizó con la venia de autoridades locales bajo la apariencia de ‘inversión extranjera’, pero que, según la investigación y los casos documentados de México y Perú, podrían terminar en delitos ambientales, explotación laboral y prácticas de esclavitud moderna.

Se estima que el parque industrial que ya se está construyendo en Ibagué es de 600 mil metros, por lo que no solo el sector cerámico podría instalarse sino otros renglones industriales como acero e insumos del sistema constructivo liviano como vidrio, yeso, cartón o drywall.

El informe subraya que “la esclavitud no siempre llega con cadenas visibles. A veces llega con una licencia de construcción expedida en zona agrícola, una planta levantada sin estudio ambiental aprobado, un contrato que nadie firmó, y una etiqueta que dice 'Hecho en Colombia' sobre un producto que ningún colombiano fabricó”.

Cuando aparece una planta vinculada a capital chino, normalmente llega acompañada de maquinaria, ingeniería, técnicos chinos, distribuidores, proveedores energéticos, financiamiento y trabajadores como pasó en el caso de Perú con las compañías Porcelatino/Tengda y en México con Time Ceramics. No se genera empleo ni proveeduría local y por el contrario se evidencia el incumplimiento de normativas y regulaciones ambientales y laborales.

Lo que está en juego para Colombia
En el caso del sector cerámico colombiano, el impacto de esta competencia incluye actividades que van desde la minería de arcillas hasta la distribución de revestimientos, es un pilar silencioso de la industria manufacturera nacional. Este sector agrupa a más de 90 empresas formales que están asociadas a los fabricantes.

La industria colombiana produce entre 60 y 75 millones de metros cuadrados anuales. En contraste, China produce 8.500 millones de metros cuadrados, lo que representa entre 113 y 142 veces toda la producción colombiana. El informe concluye que la discusión ya no es sobre productividad, sino sobre la legalidad de estas empresas y la escala: por cada metro cuadrado que fabrica la industria colombiana, China produce más de cien, en condiciones que vulneran los derechos de los trabajadores.

Al consultar al gerente de Cerámica San Lorenzo, Fabián Angarita, explicó que "lo que estamos presenciando es un modelo de expansión industrial que, para sostener sus márgenes predatorios, está sacrificando fuerza laboral de los países en los que se instala, así como los ecosistemas. 

No es solo competencia desleal; es una precarización estructural. Al importar masivamente mano de obra e insumos, están desmantelando el tejido laboral local, dejando a nuestra industria sin capacidad de respuesta más que intentar, desesperadamente, homologar una productividad que, bajo un esquema de subsidios externos, es imposible de alcanzar. El resultado inmediato es el cierre de plantas y el despido masivo de trabajadores locales, quienes pierden su sustento frente a una competencia que juega con reglas distintas”, explicó.

Los riesgos ambientales son igualmente preocupantes y requiere una atención urgente por el consumo de agua que implica esta producción. “Hemos detectado una negligencia sistemática: instalaciones que operan en la sombra, sin objetos de manufactura declarados ni permisos ambientales o de construcción. Lo más grave es la amenaza real e inmediata sobre nuestros recursos hídricos y la gestión de emisiones; estas actuaciones actúan como si nuestras normas ambientales no existieran”, agrega.

El sector hace un llamado a un debate nacional sobre este modelo de expansión y solicita al nuevo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella la protección urgente del empleo de la industria nacional y la revisión de los acuerdos comerciales vigentes con China.

La industria nacional es enfática en que la llegada de competidores debe hacerse cumpliendo la ley en todas las actuaciones, así como lo hacen los empresarios que ya están instalados. También exigen que rijan los principios de la sana competencia, la promoción de negocios sanos, rentables y que garanticen la sostenibilidad, tanto de fabricantes como de comercializadores.