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Revocatoria del mandato parte II

Hace un par de semanas escribí sobre la intención de algunos ciudadanos en el país, de iniciar el proceso de revocatoria del mandato de algunos alcaldes de ciudades capitales dentro de los que se encuentra el Alcalde de Ibagué. Por: José Adrián Monroy.
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29 Ene 2021 - 8:09 COT por Ecos del Combeima

En el escrito hice referencia a los requisitos que son necesarios, establecidos por la Constitución y la Ley, para llevar acabo de principio a fin una revocatoria. En ese sentido, la revocatoria del mandato procederá, siempre y cuando se surtan los siguientes requisitos: 1. Haber transcurrido no menos de un año, contado a partir del momento de la posesión del respectivo alcalde o gobernador y  2. Los promotores deben, ante la Registraduria, exponer  las razones que la fundamentan, por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de Gobierno; que una vez reconocido, tiene hasta 6 meses para recolectar las firmas del 40% mínimo de los votos obtenidos por el Gobernador o Alcalde en ejercicio. 

Entonces, existen circunstancias imponderables, casos fortuitos, desastres, que impiden a un gobernante cumplir con su Plan de Desarrollo, también,  hay que evaluar técnicamente su ejecución con los indicadores de gestiónn aprobados por Planeación Nacional, entre otros factores que se deben tomar en cuenta. 

Ahora, para terminar de completar el oscuro panorama, la Red Nacional de Veedurías de Colombia, en cabeza de Pablo Bustos, emitió una alerta con el fin de evitar el derroche de recursos en medio de la grave crisis económica, sanitaria y social que enfrenta el país, por cuenta de la afectación que ha generado la llegada del COVID-19, que a la fecha ha cobrado la vida de más de 50.000 ciudadanos en Colombia.

Según la red de veedurías, hasta el momento, hay  más de 34 revocatorias inscritas en el país, que tendrían un costo de más de 150.000 millones de pesos, que con ese dinero, se podrían  comprar cerca de 15 millones de vacunas para salvar la vidas, más aun, cuando nos encontramos el peor momento de los 10 meses de pandemia. Ahí me pregunto, ¿es sensato promover una revocaría de mandato en este momento?

Finalmente, cada día surgen más razones que confirman que las Revocatorias de mandato en  este periodo de nuestra historia, no tienen razón de ser; además que,  es parte de la estrategia de la oposición para desprestigiar al gobernante y mantener una expectativa que les favorezca con miras a las próximas elecciones.; es decir, se utiliza este mecanismo como recurso populista y bandera política o de politiquería, pues como están las cosas, no hay nada más inoportuno e inoficioso que promover una revocatoria.

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Qué bonito hablar de justicia, equidad y seguridad; de estrategias de mano dura o de acuerdos de paz.

En ciudades como Ibagué, donde el movimiento económico se siente en la calle todos los días, es común escuchar que aquí la gente trabaja duro.

Colombia se encuentra en un momento decisivo. El próximo Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030 no puede limitarse a repetir diagnósticos ni a postergar decisiones estructurales. Si el país aspira a ser competitivo, reducir costos logísticos y consolidar su vocación exportadora, debe dirigir una mirada estratégica hacia una región que merece un lugar central en la agenda nacional: el Tolima.

A pocas semanas de una de las elecciones más importantes en la historia reciente de Colombia, nuestro país enfrenta una rara situación. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para informarnos, pero sin profundidad, sin debate, sin argumentos.

La reciente decisión del Concejo Municipal de Ibagué de restringir el uso de los celulares en los colegios públicos, especialmente para menores de 14 años, ha sido presentada como una medida necesaria para proteger la salud mental, mejorar la convivencia y fortalecer el rendimiento académico. Sin embargo, más allá de esas buenas intenciones, esta decisión pareciera ser una solución simplista a un problema de gran complejidad.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.