El argumento central de la restricción parte de una premisa discutible: que el problema educativo radica en el dispositivo tecnológico y no en su uso. Esta lógica, profundamente reduccionista, a mi modo de ver, ignora décadas de reflexión pedagógica sobre la integración de las tecnologías en las aulas de clase. Como plantea la investigadora Tíscar Lara, el aprendizaje móvil no debe entenderse como una amenaza, sino como un elemento disruptor capaz de transformar positivamente los procesos educativos si se integra de manera adecuada. En otras palabras, el smartphone no es el problema; el problema es no saber qué hacer con él.

Desde una perspectiva académica, prohibir antes que educar implica renunciar a uno de los principales retos de la escuela contemporánea: formar ciudadanos digitales críticos. La educación actual no debería limitarse a la restricción, sino a propiciar el desarrollo de competencias comunicativas, tecnológicas y digitales, mucho más cuando el mundo entero camina a pasos agigantados en los temas que tienen que ver con internet, tecnología, e inteligencia artificial. En ese sentido, diversos estudios han demostrado que el uso pedagógico de dispositivos móviles puede aumentar la participación y motivación estudiantil, siempre y cuando exista una mediación docente adecuada. A eso yo le agregaría una mediación familiar adecuada. Por ejemplo, una investigación hecha el año pasado por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido arrojó que prohibir los celulares en las aulas no tiene un impacto significativo en el rendimiento académico ni en el bienestar de los estudiantes, pues lo que genera la restricción es que justamente los alumnos compensen la prohibición con más uso fuera del aula de clase, lo que sugiere que estas medidas puedan ser más simbólicas que efectivas, y que parecieran responder más al desconocimiento, a la presión social y al temor frente a la tecnología que a un análisis riguroso de sus efectos, pues es más fácil prohibir un celular que invertir en formación docente, rediseñar currículos o promover una verdadera alfabetización digital.

Por otro lado, restringir el uso de celulares en contextos como el colombiano puede incluso profundizar brechas, y aquello pudo constatarse en la época de la pandemia. En muchos casos, estos dispositivos son la principal herramienta de acceso a información, plataformas educativas y comunicación familiar, especialmente en la ruralidad, y negar su uso sin ofrecer alternativas reales es en la práctica, limitar oportunidades de aprendizaje.

Quiero ser claro con decir que esta posición no significa que desconozca los riesgos del uso excesivo o inadecuado de la tecnología. Las afectaciones a la salud física, mental y emocional, la distracción, el ciberacoso o la sobreexposición a pantallas son problemáticas reales, y eso está claro, y mis estudiantes de la Universidad del Tolima saben cuanto hemos trabajado en generar conciencia sobre ello. Sin embargo, enfrentar esos riesgos mediante la prohibición es equivocado y poco formativo.  La restricción del uso del celular en los colegios públicos de Ibagué es optar por el camino corto, como pasa con otro tipo de situaciones en nuestra ciudad, como por ejemplo el tema del parrillero en moto, pero también por el menos formativo. La escuela del siglo XXI no puede darse el lujo de educar de espaldas a la tecnología, porque la tecnología llegó para quedarse y para facilitar y potencializar cientos de procesos, y los ibaguereños no podemos quedarnos atrás, ni decir con mucho orgullo y en todos los medios de comunicación que somos pioneros de una prohibición, pues al final, no se trata de silenciar los celulares, los portátiles o las tablets, sino de enseñar a pensar con ellos, y pareciera que con dicha medida, aprobada en consenso por todo el cabildo municipal, estuviéramos renunciando a pensar.