Estamos en un punto en el cual, las soluciones tienen que atender el problema de fondo de los usuarios, es decir, el valor de las facturas. Y no es que se tenga que regalar el servicio que se está prestando, pero tampoco llevar al límite y hasta sobrepasar la capacidad de pago de las familias colombianas.

Cuando arrancó este año 2020, seguramente las proyecciones de las empresas eras muy distintas a las que tiene ahora. Y si se trata de unidades de medida (metros cúbicos, kilovatios, etc.), con absoluta seguridad se ha facturado mucho más de lo que se esperaba. Luego, claramente las empresas deben haber mejorado sus ingresos. El problema real está al otro lado de la mesa, donde se encuentran los que pagan.

El Gobierno Nacional ha venido expidiendo normas que beneficien a los usuarios. Sin embargo, lo anterior no significa que las empresas estén aportando como deberían en medio de esta crisis.

La operación es sencilla: si venden más unidades de medida, ganan más. Por lo anterior, no solo deberían obedecer el mandato presidencial y congelar sus tarifas, sino ir más allá y bajarlas, motu propio. Sí, bajarlas, de manera que haya una consideración con los usuarios, quienes en su gran mayoría, por no decir que todos, han visto disminuir sus ingresos.

Y es que mientras el común denominador en la actual crisis ha sido la disminución de la facturación de la empresa privada, llegando a casos extremos cómo está ocurriendo con el sector turismo, las aerolíneas, los bares, los restaurantes, etc, etc, etc., en el gremio de los servicios públicos, es escenario es al contrario, como se estresó en la parte superior.

Claro, se trata de servicios esenciales, pero es ridículo comparar el consumo de una familia antes del aislamiento y durante el mismo. Facturas que se duplicaron, triplicaron y hasta cuadruplicaron. Usuarios que se demorarán 24 meses en pagar lo que consumieron en un mes.

Luego, con este panorama, es urgente cambiar el modelo. Si las empresas de servicios públicos tienen que perder un poco, o mejor, tienen que sacrificar algunas utilidades, lamentablemente lo tendrán que ver como una opción y como una inversión a largo plazo. De lo contrario, muchos usuarios van a terminar sin poder pagar. No porque sean ‘mala paga’, como se le dice popularmente a los que no pagan sus deudas, sino porque no van a tener de donde. Y por otro lado, ya el Gobierno dio lo que podía, y hasta mas. Acá las únicas que faltan por poner, son las empresas de servicios públicos.

Que pongan, y que lo hagan ya. Que cambien igualmente esas tarifas ‘castigo’, que se aplican después de determinado consumo, porque, valga la pena expresarlo, esos cálculos estaban hechos para unas familias que pasaban la mayor parte del día fuera de sus casas, trabajando y estudiando, y llegaban a sus casas a dormir. Ahora, los miembros de esas mismas familias, están las veinticuatro horas encerrados, prendiendo electrodomésticos, abriendo llaves, cocinando y haciendo teletrabajo, con lo cual, evidentemente los consumos se han incrementado.

Termino reiterando este llamado, que si bien tiene un sustento constitucional en el principio de la ‘solidaridad’, es un llamado eminentemente humanitario. Jurídicamente, las empresas públicas tendrán las de ganar, pero de no bajar sus tarifas, reconsiderar algunos cargos y hasta aplicar la retroactividad para lo facturado desde que se incrementaron los consumos por cuenta del aislamiento, terminarán siendo los grandes verdugos de las familias colombianas en medio de esta crisis.

Saque de banda: una cosa es el llamado a la solidaridad en lo que tiene que ver con las tarifas y otra muy distinta el el llamado a la sensatez por el cobro que se hizo por ‘promedio’. En este caso, las empresas están en mora de devolverles a los usuarios el dinero correspondiente. Ya les clavaron una multa. Pero hay que devolver ese dinero y recuperar la confianza de los usuarios. Lo que sucedió fue lamentable, pero el daño debe resarcirse.

Saque de Banda II: Teniendo en cuenta anterior, decidí ir más allá y este viernes lideraré un debate de control político en la Comisión Quinta de Cámara. Estarán presentes, además de los congresistas: la Ministra de Minas y Energía, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, el Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, las empresas de servicios públicos y los más importantes, los usurarios.