Según el informe más reciente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el año 2018 se realizaron en Colombia 26.065 exámenes médico legales por presunto delito sexual. Una cifra que nos deja sin palabras, especialmente cuando explican que el grupo más afectado es el de menores entre 10 y 14 años y que los exámenes médicos  legales practicados a niños, niñas y adolescentes representaron el 87,45% del total de la violencia sexual del país.

Por si esto no fuera suficiente, el estudio revela que el 11,20% de las valoraciones practicadas durante ese año fueron a infantes entre los 0 y 4 años de edad (2.920), de ellos el 10,20% de los casos corresponden a niñas (2.275 casos), cifra que triplica el número de casos valorados en niños, 645.

Al leer ese informe y analizando el propósito del debate sobre la cadena perpetua para violadores de menores, encuentro algo que ya sabemos y como se dice coloquialmente, parecería que se nos volvió paisaje y es que el 47,80 %, es decir en 11.605 casos, el presunto agresor fue un familiar y el principal escenario fue la vivienda. No quiero ni imaginar lo que debe estar sucediendo en muchos hogares colombianos durante este aislamiento y que nunca sabremos porque no todos los casos se reportan.

Hace dos años el país realizó por primera vez la Encuesta Nacional de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) para medir las circunstancias alrededor de la violencia sexual, física y psicológica;  esta encuesta se realizó a personas de 18 a 24 y de 13 a 17 años de edad, las cuales reportaron haber vivido durante la infancia y adolescencia algún tipo de violencia.

Algunos de los datos que reveló la encuesta es que el porcentaje de jóvenes entre los 18 y 24 años que sufrió violencia sexual, física o psicológica antes de los 18 años fue de 40,8% en mujeres y 42,1% en hombres.

Lo que estas cifras nos comprueban es que en Colombia el flagelo de la violencia contra las personas en condición de vulnerabilidad es cada vez mayor, es cada vez más visible y ha generado mayor sensibilidad entre los ciudadanos que rechazan actos como la violencia sexual contra los niños y niñas.

Una sociedad que enfrenta situaciones como estas debe buscar acciones más severas no solo para castigar el delito, sino también para prevenirlo. La prisión perpetua se ha convertido en una figura que sectores políticos y movimientos sociales, quieren introducir en nuestro ordenamiento jurídico debido a los innumerables crímenes de los que son víctimas los infantes, aun cuando dichos comportamientos no son nuevos en nuestra sociedad.

Es posible que la cadena perpetua para violadores de menores de 14 años no sea la solución para erradicar la transgresión hacia nuestros niños, pero se hace necesario avanzar en herramientas jurídicas para evitar que nos sigan arrebatando la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Los colombianos necesitamos medidas integrales para enfrentar esta tragedia, que no haya impunidad en estos casos, que se trabaje en prevención desde la salud pública y que existan penas ejemplares. Por eso estoy a favor de la cadena perpetua para abusadores y violadores de menores porque tristemente en nuestro país los delitos sexuales contra menores tienen una alta tasa de reincidencia.

Es nuestro deber, como parte del Estado, porque el Estado somos todos, proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Aunque algunos congresistas de la Cámara de Representantes propusieron archivar la iniciativa, en plenaria, el proyecto de ley fue aprobado de forma mayoritaria en sexto debate con una votación de 134 votos a favor contra 22 en contra. Esperemos que el Senado respalde el proyecto y este se convierta finalmente en una ley que garantice sanciones más drásticas ante un flagelo que va en aumento en el país.

Es aberrante que esto le suceda a los más indefensos, estamos ante una situación alarmante que, por si fuera poco, se ensaña con las niñas, pues según el informe, por cada niño entre los 10 y 13 años víctima de “presunto delito sexual”, se presentan ocho niñas y como resultado de la violencia sexual se encontraron, en este mismo rango de edad, 5.713 menores embarazadas.

Este será uno más de los momentos históricos que nos permitirá como sociedad construir una nueva historia y de una u otra manera erradicar la violencia sexual que viven decenas de niños, niñas y adolescentes a diario en nuestro país, pero además que sea el momento de conocer si realmente contamos con congresistas comprometidos en la protección de los derechos humanos.