Según el alto tribunal esta medida se tomó teniendo en cuenta las diferentes demandas que desde los municipios y distritos se han entablado argumentando que la actual política los excluye de la vigilancia y control de sus territorios.  Al respecto el ambientalista y analista político, Jorge Palacios explicó que “esta medida provisional empieza a explorar la determinación de la Procuraduría y del Estado que a través del decreto 2691 del 2014 hizo un pronunciamiento oficial en el cual se otorgaba la facultad del uso del sub suelo y desde entonces la Procuraduría ha incurrido en una persecución sistemática en contra de las personas que han promovido las consultas mineras”. 

Palacios además afirmó que “esta persecución se ve reflejada en varios sectores que han querido hacerle frente a la minería en la región como es el caso de la  consulta en Piedras en donde el 98% de las personas se opusieron al uso del suelo para la mina de la Colosa y los proyectos que se querían generar allí, las autoridades ambientalistas del Tolima, la población en general que se ha manifestado a través  de las Marchas Carnaval, el comité ambiental del Tolima, el Concejo de Cajamarca y todos ellos fueron frenados por miedo a las acciones legales de la Procuraduría”.

Actuación de la Administración frente a la minería en el Tolima

En este sentido el ambientalista Palacios también expresó que “esta medida es positiva porque permite la participación de las personas que finalmente son quienes se ven perjudicadas por el uso del suelo en cuanto a minería. Por otra parte el gobernador como máxima autoridad territorial es quien tiene la facultad de promover una consulta minera y tomar determinaciones concretas frente al tema de la Colosa, pero los cuatro años de su mandato se fueron solamente en discursos”. 

El Alcalde Luis H. Rodríguez en varias oportunidades se ha declarado ambientalista sin embargo sus acciones no corresponden con su discurso, un ejemplo claro es el tema de los Cerros Tutelares pues mientras siempre se ha mostrado a favor de su preservación hasta el momento no ha ejercido un control claro en la regulación del POT de Ibagué que permita establecer normas a favor de su conservación. 

Al respecto el Jorge Palacios manifestó que “el medio ambiente es de todos por lo que no se puede convertir en una determinación política y económica, en días anteriores en la reunión de la ANDI las cifras de proyección de crecimiento en enero para el Tolima son del 7.5% en el producto interno bruto anual lo cual suena muy bien en el papel, sin embargo ellos están teniendo en cuenta el ejercicio minero en la Colosa, pues mientras nosotros intentamos poner resistencia frente al movimiento minero ellos ya tienen planeado todo un esquema económico alrededor de la explotación”. 

Intimidación y amenazas por parte de la Procuraduría Ambiental

Por su parte el Concejal Camilo Delgado se pronunció al respecto y afirmó que “recibo esta decisión con alegría porque esta medida cautelar de suspensión permitirá que los municipios entren a participar en aras de que no se cause un perjuicio ambiental irremediable”. 

En cuanto a las consultas mineras y el hecho que no se han convocado aún entre los municipios que se verían afectados frente a la explotación de la Colosa, el Concejal explicó que “ ha sido un proceso que se ha visto frustrado por las amenazas de la Procuraduría Ambiental del Tolima, que ha reprimido este ejercicio de participación al que la ciudadanía tiene derecho, además ante las nuevas circunstancias que genera esta medida es posible que se las condiciones para entrar a ejercer este derecho sean más factibles y se logre una verdadera concertación entre las entidades territoriales y la Nación”.  

Frente al tema de los Cerros Tutelares y la urbanización que desde Ecos del Combeima se viene denunciando en las últimas semanas Camilo Delgado subrayó que “creó que  a este tema no se la ha prestado la suficiente atención, aquí lo que se está planteando es 1. la disminución de la zona de mitigación de impacto, la cual tiene una función de preservación ambiental, 2. un uso de suelo que inicialmente era prohibido para la parcelación de vivienda campestre y 3. la proliferación de una serie de proyectos de parcelación y urbanísticos, que ofrecen viviendas con todos los servicios que se podrían encontrar en un área urbana y esta situación seguirá sin control mientras no se regule de forma adecuada la normatividad del POT que entró en vigencia”.