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“Yo creo que se han sobredimensionado las cosas, yo creo que fue Guillermo Alfonso Jaramillo quien hizo un indebido proceso”: Gustavo Osorio

Esas fueron las palabras del abogado contratista de la Gobernación del Tolima, al tratar de explicar que el control de legalidad al que fue sometido el proyecto del predial tiene falencias desde el inició por eso la decisión de Barreto es acertada.
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Tomada de Internet
26 Mar 2018 - 8:31 COT por Ecos del Combeima

 

A hoy, según las palabras del abogado Gustavo Osorio, la Alcaldía de Ibagué no presenta un proyecto para disminuir las tarifas del impuesto predial, su pronunciamiento lo explicó de esa manera tras conocer la decisión del gobernador Óscar Barreto Quiroga de enviar a control de legalidad ante el Tribunal Administrativo del Tolima dos proyectos de acuerdo, donde resalta el del tributo, donde deja ver su apoyo a esta acción departamental.

“Yo creo que se han sobredimensionado las cosas, primero porque ese monstro del ‘Predialazo’ tiene un nombre y se llama Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, actual alcalde de Ibagué, él fue el que improviso, él fue el que hizo un indebido proceso para la actualización catastral de Ibagué, donde se ve el incumplimiento de la entrega de resultados por parte del IGAC”, indicó Osorio.  

Dijo además que el mandatario local se niega declarar ese incumplimiento y haber terminado ese convenio con el IGAC.

Archivo de audio

“Como segunda postura el alcalde dice que no tiene intención de cobrar esos dineros o incentivos a los ciudadanos, pero a hoy el alcalde todavía no presenta un Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal para disminuir las tarifas, lo que hará que el próximo año el cual ya no tendrá efecto porque solo es para el 2018 pues volverá nuevamente el cobro exagerado porque allí ya estaría actualizado los bienes en un 100% en Ibagué”, manifestó el jurista contratista de la Gobernación del Tolima.

Solución vigente

“El gobernador en sus facultades legales y constitucionales no puede objetar ese acuerdo del predial, porque él solo tienen dos opciones aprobarlo o si encuentra una irregularidad o vicio remitirlo al Tribunal Administrativo del Tolima y solicitarle que haga su revisión legal”, puntualizó Gustavo Osorio.

A ello le agregó, que el departamento jurídico de la Gobernación le advierte a Barreto que puede haber una incompetencia por parte del Concejo y la Alcaldía de Ibagué para firmar dicho acuerdo local para regular esta situación.

Así mismo precisó que, “esto lo que obligó al mandatario seccional es enviarlo al Tribunal”.  

“Debo señalar primero que el acuerdo está vigente ya que él no lo ha objetado, esa es facultad exclusiva del alcalde y él no lo hizo”.

Según sus palabras el alcalde Jaramillo, lo que hizo fue irse ‘corriendo para Bogotá’ y en cargar a un secretario de despacho, como lo fue Juan Espinosa de la cratera de Hacienda para que se hiciera responsable de manera fiscal, disciplinaria y legamente que un acuerdo pueda traer consigo.  

“El gobernador del Tolima siendo una persona honesta, legal y clara no va a poner a un secretario a que le aprobara un acuerdo que ya está hasta en el Ministerio de Hacienda había dicho que era ilegal, por lo tanto el acuerdo se encuentra vigente”.

Concluyó diciendo el abogado Osorio es que la gente tiene que ir y pagar el impuesto predial con la tarifa que dice el acuerdo antes que el Tribunal lo declare ilegal, “entonces allí se tendrían que pagar con la tarifa anterior toda vez que el fallo del Tribunal no podrá ser retroactivo”.

En otras palabras quien debe responder por esas acciones dado el caso que ocurra es la Alcaldía de Ibagué en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo.

Rasgaduras

Frente a aquellos que se van en contra del gobernador y se rasgan según Osorio las vestiduras porque a hoy no han presentado las demandan ante el IGAC el cual sigue vigente, lo que esta es suspendida por una solicitud del alcalde pero hay pruebas de ese incumplimiento donde se hizo mal esa resolución ya que esos funcionarios que fueron de puerta en puerta no estaban debidamente preparados con la normativa y como profesionales lo cual exige la ley.