La Corte Constitucional avanza en uno de los debates que más genera polémica y posturas divididas en la ciudadanía: el aborto.

Respecto a este proceso, Andrea Catalina Garzón, activista Provida, señaló que la interrupción del embarazo no es un derecho y por el contrario, se cataloga como delito consagrado en el Código Penal 122: "La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior".

Ante esto, es de anotar que, en la sentencia C-355 de 2006 la Corte Constitucional determinó que "la penalización del aborto en todas las circunstancias era inconstitucional, por lo que reconoció el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo cuando: i) la continuación del embarazo implica un riesgo para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico; ii) existen serias malformaciones en el feto, incompatibles con la vida extrauterina, certificados por un médico; y iii) el embarazo es el resultado de un acto criminal, debidamente reportado ante las autoridades".

No obstante, la activista reiteró que no existe el derecho al aborto y por más que sea "una práctica despenalizada, lo que hace falta es que se ponga a lugar la existencia de la vida humana dentro del cuerpo de la mujer".

Por su parte, Ángela Mateus, integrante de la Mesa por la vida y la salud de las mujeres, expresó que se encuentran a favor de la vida digna de las mujeres y sostuvo que el aborto, es un derecho fundamental reconocido a través de 23 sentencias en la Corte Constitucional en los tres casos despenalizados por la sentencia C- 355 de 2006, mencionados anteriormente.

Así mismo, precisó que existen grandes barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, situación que afecta en su mayoría a mujeres de las zonas rurales y vulnerables, razón por la que debería ser atendida como tema de salud pública, "teniendo en cuenta que más de 70 mujeres mueren al año por malas prácticas con respecto a la interrupción del embarazo".

No obstante, Andrea Garzón, manifestó que la despenalización de esta práctica sería un "retroceso como sociedad", teniendo en cuenta que las "decisiones de muerte (el aborto)", no solucionan la pobreza y empeoran la salud de las mujeres.  

Ante esto, Luisa Cardozo, integrante de la Organización Imagina Tolima, acotó que las mujeres manifiestan constantemente ser víctimas de violencia sexual, motivo por el que la despenalización les generará mayor autonomía de dedicir. "Hay que conocerlas y no hablar desde el privilegio", puntualizó.

Sin embargo, la activista Provida fue reiterativa y aseveró que las mujeres con información veraz, toman decisiones autónomas y responsables.