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¿Conmoción interior o militarización del país?

Desde diferentes sectores afirman que el presidente Duque está tratando evitar el control de constitucionalidad, además que no se mide la proporcionalidad del uso de la fuerza y no prioriza la mediación.
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Alcaldía de Ibagué
31 Mayo 2021 - 11:46 COT por Ecos del Combeima

Con el decreto 575 de 2021 el Gobierno Nacional ordenó la militarización de siete departamentos y 13 ciudades para buscar controlar el orden público en medio de las protestas que se viven en el marco del paro nacional que arrancó el 28 de abril.

“Coordinar con las autoridades militares y de Policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la ley 180 de 2016”, indica el documento que ordena a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, y a los alcaldes Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva aplicar la directriz para controlar el orden público.  

Según expertos, prácticamente el Gobierno Nacional está dejando a un lado la potestad de los alcaldes y gobernadores para asumir el manejo del orden público en medio de la situación de combustión social que vive el país.  

Reacciones:

Para la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, el decreto viola autonomía territorial, prioriza acción militar sobre el policial en disturbios internos, uso indiscriminado de toque de queda y de facto toma medidas de conmoción, pero evita control constitucional.

 

 

Por su parte el ex ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el gobierno decretó la Conmoción Interior. Solo cambió su nombre por ´asistencia militar´ para evitar el control de constitucionalidad de la Corte y el daño internacional al país, que ya es irreparable. No se les puede desconocer que son expertos para cambiar nombres.

 

 

A la vez José Manuel Vivanco, director, Américas División, Human Rights Watch, manifestó que las órdenes dictadas no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los DDHH.

Grave falencia que puede tener consecuencias irreparables.