Dos enclaves cocaleros del país que llevan varios años ‘blindados’ frente a la estrategia antinarcóticos serán el próximo escenario de la acción combinada de sustitución voluntaria y erradicación manual a cargo de la Fuerza Pública: Putumayo y Norte de Santander.

En el primer departamento, que hace casi 20 años era el que más coca tenía, las fumigaciones terminaron al menos tres años antes de que dejaran de aplicarse en todo el país por los reclamos ecuatorianos sobre la afectación a su territorio por el uso del glifosato. El resultado son al menos 25.000 hectáreas de la mata, muchas de ellas en grandes cultivos industriales.

En Norte de Santander, entre tanto, había 24.000 hectáreas en el 2016 y allá los narcocultivos completan cinco años sin mayores afectaciones. Las matas están en su mayor momento de productividad y autoridades antinarcóticos advierten que el Catatumbo podría desplazar a Nariño –donde se ha concentrado la lucha contra la coca– como principal clúster de la cocaína en Colombia, tanto por la influencia de los actores armados sobre las comunidades cocaleras como por la cercanía de la frontera con Venezuela, que es una de las tres grandes ‘autopistas’ del narcotráfico hacia el exterior.

Las dos zonas están en el mapa del Departamento de Estado, que este sábado reveló su Informe Anual sobre Drogas en el que señala que el éxito de la lucha de Colombia contra el narcotráfico está amarrada a que se logre golpear efectivamente la coca en zonas del país que han estado “vedadas” a la eliminación forzosa de cultivos ilícitos.

En el informe, que califica de “histórico” el acuerdo de paz con las Farc, el Departamento de Estado reconoce que “Colombia siguió dando pasos para combatir el narcotráfico” y que “estos esfuerzos impiden el ingreso a EE. UU. de cientos de toneladas métricas de droga cada año”. 

“Creemos que la estrategia actual puede tener un impacto a largo plazo en el control de los cultivos y la producción de coca si destina los recursos adecuados, mejora la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los programas civiles e implementa esfuerzos redoblados de erradicación en zonas de alto crecimiento de coca,incluyendo áreas previamente vedadas para erradicación forzosa”, dice el reporte, que refuerza el tono de entendimiento entre los dos países que ya había sido anunciado a comienzos de este mes con el acuerdo para mantener la ayuda antinarcóticos por los próximos cinco años bajo el compromiso de reducir al menos a la mitad la coca en el territorio nacional. 

Ese compromiso conjuró el fantasma de la descertificación con la que llegó a amenazar el año pasado el presidente Donald Trump, pero también marca un ‘aterrizaje forzoso’ de las expectativas de la lucha contra los cultivos ilegales. 

Aunque el año pasado la Fuerza Pública superó en 3.000 hectáreas la meta prevista en erradicación forzada (50.000 hectáreas), y la sustitución voluntaria alcanzó otras 20.000, tanto las mediciones de EE. UU. como las de Colombia y Naciones Unidas apuntan a un nuevo aumento en el 2017. Extraoficialmente, la cifra de Washington rondaría las 220.000 hectáreas, frente a 188.000 del 2016.

Niveles de resiembra que en algunas zonas llegan al 20 por ciento y la aparición de nuevos cultivos en el Pacífico caucano, el sur de Bolívar y el bajo Cauca antioqueño, así como el crecimiento de los cultivos industriales en Putumayo y Norte de Santander, explican ese resultado. 

En el Catatumbo ya empezó la suscripción de acuerdos con comunidades cocaleras de cuatro municipios (Tibú, Ocaña, Convención y El Tarra), pero la estrategia pasa por lograr el pleno control del orden público de una región en la que la salida de las Farc ha sido aprovechada por el Eln y la antigua disidencia del Epl, conocida como ‘los Pelusos’, ahora además enfrentados por el control del narcotráfico. En Putumayo, entre tanto, la avanzada correrá por cuenta de los equipos manuales de erradicadores de la Fuerza Pública, pues en esa región predominan los cultivos de varias hectáreas, que no corresponden a familias cocaleras sino a verdaderos narcos. 

Altas fuentes oficiales aseguran que otro foco de coca que deberá priorizarse, luego de acuerdos con las comunidades, es el de los resguardos indígenas, que entre 2015 y 2016 tuvieron un aumento del 32 por ciento de narcocultivos, hasta casi 16.000 hectáreas. Históricamente, los equipos de erradicación –que el año pasado enfrentaron 150 ‘bloqueos sociales’ en todo el país– han tenido enormes dificultades para cumplir su labor en esos territorios. 

Esta semana, Naciones Unidas certificó que 24.780 hectáreas quedaron libres de coca gracias a los acuerdos de sustitución, que en mayo debe cumplir la meta de 50.000 hectáreas planteada el año pasado. “Estamos entrando muy fuerte en Putumayo y en Nariño, particularmente en Tumaco, así que se cumplirán con las hectáreas previstas”, dijo a EL TIEMPO Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. Resaltó además que comunidades en Argelia y El Tambo en Cauca están pidiendo el inicio del programa de sustitución, así como en Tibú.

“Vamos avanzando a paso firme. Lo que estamos haciendo no tiene precedentes en la historia del país, aquí los programas que había incluso en el Plan Colombia eran pequeños, estamos hablando ya de cifras inéditas que son posibles gracias a los acuerdos de paz”, afirmó Díaz.

Para 2018 la meta de erradicación a cargo de la Fuerza Pública quedó en 70.000 hectáreas: 47.000 por destrucción forzada y 23.000 más respaldando a los campesinos que pidan apoyo para llevar a cabo la sustitución voluntaria. Aunque la apuesta sigue siendo desterrar la coca a través del desarrollo de las comunidades que siempre han vivido por fuera de la oferta estatal, en los casos de incumplimientos de acuerdos está dada la orden para aplicar la erradicación forzosa. 

Simultáneamente, sigue el despliegue de 85.000 militares del Plan Horus por los 67 municipios y 597 veredas con más coca y violencia del país, para impedir que ‘elenos’, bandas y disidencias se sigan atravesando en el camino de la Colombia sin coca. 

La apertura de los nuevos frentes contra la droga y el narcotráfico no implica que vayan a bajar, por lo menos a mediano plazo, las acciones combinadas en Tumaco, el municipio con más coca en todo el país y donde han sido destruidas más de 17.000 hectáreas en el último año.

Tomado de: eltiempo.com