La exministra de Transporte, Cecilia Alvarez Correa-Glen no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación por favorecer con sus decisiones al contratista de la Ruta del Sol II por el otrosí para el tramo Gammara-Ocaña.

En una audiencia virtual la  Fiscalía señalo que señora Álvarez Correa -Glen  sabía que los otrosíes eran inviables, no solo por su conocimiento como ministra, sino porque lo consultó con el Consejo de Estado. Sin embargo, antepuso sus “intereses privados” y “actuó de forma dolosa”, con un “claro conocimiento e interés en violentar normas”.

Para la Fiscalía, la exministra Álvarez tenía interés personal en favorecer la construcción de un puerto en Gamarra, dado que antes de ocupar esa cartera fue parte de la junta directiva de Cartagena II SA, una sociedad que quería ese proyecto. Además, mantuvo una relación sentimental con la también exministra Gina Parody, cuyos familiares presuntamente también tenían intereses en la ruta.

En su alegato el ente acusador señala que la exfuncionaria, como cabeza de la cartera del sector Transporte entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, avaló la celebración de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron el tramo Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar) al proyecto vial.

De acuerdo con el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la exministra habría permitido que se tramitaran y celebraran los mencionados otrosíes en desconocimiento de las normas que rigen los temas contractuales, la jurisprudencia y un concepto del Consejo de Estado.

Las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), como lo exige la ley.

Adicionalmente, está acreditado que el tramo Ocaña – Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato ‘Ruta del Sol II’, que era conectar el centro del país con la Costa Caribe. Por el contrario, era un obra transversal que tenía una orientación oriente - occidente. En ese sentido, debía gestionarse un nuevo proceso de contratación por licitación pública.

La Fiscalía determinó que, para intentar subsanar algunas de estas irregularidades, la exministra pidió convocar con prioridad al CONPES para declarar importancia estratégica la autopista ‘Ruta del Sol’ y modificar el plan de inversión.

De otra parte, se estableció que para cumplir varias clausulas contenidas en los otrosíes y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria, de la que hacía parte Odebrecht, la entonces ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento.

Con su proceder, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), en el entendido de que le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña – Gamarra, adicionado a la ‘Ruta del Sol II’.

Según la investigación, la señora la señora Álvarez Correa – Glen tendría intereses particulares y no podía intervenir en la adición del tramo Ocaña – Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos y eran accionistas varios familiares de su pareja.