Teniendo en cuenta que para este miércoles 9 de febrero estaba estipulada la jornada del 'Día sin carro y sin moto' en Ibagué y que fue aplazada hasta que la condición epidemiológica por Covid-19 sea favorable, algunos actores políticos y empresariales se pronunciaron en torno a esta actividad que por Acuerdo Municipal debe desarrollarse dos veces al año. 

Inicialmente, el presidente de la Junta Directiva de Fenalco en el Tolima, Efraín Valencia, sostuvo que la decisión del mandatario local es acertada teniendo en cuenta que, desde el año 2021, los gremios económicos de forma articulada con la Administración Municipal vienen adelantando estrategias que permitan que esta jornada se realice solo una vez al año con la finalidad que disminuyan las afectaciones en la dinámica productiva de los empresarios.

Así mismo, manifestó que es idóneo encontrar otras alternativas que mejoren las condiciones ambientales como siembra de árboles, jornadas de reciclaje, apagón voluntario, entre otros, que no restrinja la movilidad y mantenga el desarrollo normal de las actividades comerciales. 

Por su parte, el concejal de Ibagué, William Rosas, mencionó que la decisión del Gobierno Local obedece a estudios, pero que ceñidos al acuerdo municipal 021 de 2010, modificado por el acuerdo 009 el 2018, la jornada del 'Día sin carro y sin moto' en la ciudad debe llevarse a cabo dos veces en el año, uno en febrero y otro en septiembre con la finalidad de contribuir a la descontaminación del medio ambiente. 

Ante esto, el concejal mencionó que para quitar uno de estas dos jornadas en el año, se deben plantear estrategias soportadas que realmente aporten a la sostenibilidad ambiental como se realiza en otras ciudades y que exista un verdadero compromiso ciudadano. No obstante, indicó que este tipo de actividades siempre generará una afectacción económica. 

Es de anotar que, "el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Movilidad, fijará nueva fecha para la realización de la jornada aplazada en el presente acto administrativo", bajo la premisa de "garantizar el derecho a la vida, la salud y la seguridad social".