¿A qué se enfrentan los artífices del polémico puente de la 60 tras informe de la CGR?
Un reciente informe de la Contraloría General de la República expuso lo que podrían ser múltiples irregularidades en la planeación y ejecución del contrato del puente elevado de la calle 60 en Ibagué. La auditoría menciona presuntas fallas en la planificación, cuestionamientos en los desembolsos y dudas sobre los pagos a la interventoría.
Una fuente de reconocida trayectoria en el sector explicó a Ecos del Combeima los posibles caminos que seguirá el proceso y, en el peor de los casos, las consecuencias para los responsables del millonario proyecto, valorado en casi $40.000 millones.
La fuente aclaró que la administración tenía cuatro días para responder al informe, plazo que ya se cumplió. Esta respuesta debía abordar detalladamente cada observación, refutándolas o aceptándolas.
"Si la respuesta no satisface a la auditoría, procederán a abrir un proceso de responsabilidad fiscal, en el cual se garantizará el debido proceso", indicó la fuente.
Luego de completar todas las fases del proceso, las opciones serían: imputar, si las observaciones son probadas; o archivar el caso, si no hay mérito, considerando que los hechos han sido desvirtuados.
En el peor de los casos para los exfuncionarios de la administración de Andrés Hurtado, si se confirmara la responsabilidad y los involucrados admitieran su implicación, el proceso pasaría a una fase de resarcimiento. Esto implicaría que los implicados deberían asumir la compensación económica por el presunto daño ocasionado.
La fuente advirtió, sin embargo, que este proceso no será rápido y que podrían presentarse cambios en el camino.
El tiempo para resolver el proceso dependerá de si se maneja de manera verbal, con una duración estimada de 1 a 4 años, o mediante el procedimiento ordinario, que podría extenderse de 3 a 5 años. Dado que se trata de un contrato de obra, es probable que el ente de control opte por el proceso ordinario, el cual permite mayor tiempo para presentar pruebas.
Es en esta fase donde los involucrados pueden, y están en su derecho, solicitar pruebas como visitas técnicas y conceptos de expertos o universidades para intentar salir bien librados.
"Una cosa son las observaciones y otra lo que quede en firme. Todo es probatorio y, por mi experiencia, cuando existen hallazgos tan grandes, suelen reducirse considerablemente o incluso desaparecer", afirmó la fuente.
De momento, este informe parece ser apenas el primer capítulo de una novela en la que, durante los próximos años, se escriban muchos episodios que darán de qué hablar.
