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A través de acción popular buscan detener la implementación del SETP para Ibagué

Según el abogado Joaquín Torres la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo no socializó los estudios y diseños que desarrolló la compañía SIGMA para Findeter.
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Ecos del Combeima
11 Feb 2020 - 12:54 COT por Ecos del Combeima

Con una acción popular el abogado Joaquín Torres buscará tumbar la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué.

“Se pretende que los ibaguereños soporten una sistema tan gravoso y solo se hizo una reunión con seis personas, los empresarios del transporte me han confirmado que no los invitaron, tampoco se hizo con los conductores, por eso le pediré a un Juez para que decrete la suspensión provisional del decreto 0806”, mencionó el accionante.    

Según el abogado la Alcaldía de Ibagué no realizó la socialización de los estudios realizados por la firma SIGMA con la ciudadanía por lo que no se pueden implementar.

“Ese Ente Gestor incensario, pudiera constituirse con una alianza publico privada entre el municipio y lo operadores del transporte, no debería recibir una participación superior al 2% porque reitero, no recibe una sola moda en cuanto a gastos que deba asumir”, indicó Torres.

Para Torres es aberrante lo que quiso hacer la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo con este proyecto por lo que exhorta al alcalde Andrés Hurtado para que detenga el proceso que se adelanta ante el alto gobierno.

“Se establece que en el año 2024 los ibaguereños estarían pagando $2.500 por pasaje de bus, adicionalmente es grave que se establece un déficit que el sistema generará durante 15 años, esos recursos van a salir del bolsillo de los ibaguereños con una tasa anual que pagaran los propietarios de carros y motos a través de la revisión técnico mecánica”, dijo Torres.

El jurista también adicionó que se pondrá una tasa para el servicio de parqueo y posiblemente al valor del predial se incluiría aumento para este mismo concepto.

“El decreto establece una figura maquiavélica, obliga a que las empresas que actualmente son siete las que operan el transporte en la ciudad, firmen un convenio en el que estén absolutamente de acuerdo para que se les entregue la operación del sistema, recordemos que una de esas empresas es de papel”, puntualizó el jurista.