La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP. alertó al Gobierno sobre el riesgo para el abastecimiento de 20 millones de galones de combustibles (cerca del 1% de la demanda nacional), indispensables para la movilidad de las personas, el transporte de alimentos, medicinas, mercancía, entre otros productos de primera necesidad para los hogares.

El gremio alertó que, en lo corrido del año, se han identificado al menos 180 bloqueos con una duración de hasta nueve días, lo cual ha interrumpido el despacho de combustibles líquidos desde las plantas de abasto mayoristas hacia estaciones de servicio y aeropuertos.

Las plantas más afectadas son las de Mansilla en Facatativá, Sebastopol en Santander y Apiay en el Meta. La situación ha causado desabastecimiento en algunas estaciones de servicio de estos departamentos, especialmente, durante los meses de julio y agosto. Es importante destacar que la planta de Mansilla abastece de combustibles a Bogotá, al aeropuerto El Dorado y a una parte de la región de la Orinoquía.

Ante esta problemática, los distribuidores mayoristas han multiplicado su esfuerzo por implementar alternativas logísticas que permitan continuar garantizando el abastecimiento de combustibles líquidos a todos los colombianos.

El gremio considera que la manifestación pacífica es importante para la construcción de un país más incluyente, siempre y cuando ésta no vulnere los derechos de quienes deciden no protestar. 

Además, rechaza las vías de hecho y los crecientes bloqueos que amenazan la prestación de un servicio esencial como es el abastecimiento de combustibles.

La ACP hizo un llamado al Gobierno nacional, a las autoridades y a los manifestantes para que se logren acuerdos mediante el diálogo y la concertación, siempre bajo la garantía del respeto de los derechos humanos. Además, extendemos nuestra solidaridad con las personas afectadas por los bloqueos: agricultores, transportadores, comerciantes, entre otros.

Las empresas mayoristas ratificaron su disposición para continuar trabajando de forma articulada con las autoridades nacionales y locales, para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de combustibles.