Los Ibaguereños no podemos perder la capacidad de asombro y normalizar las conductas más reprochables en el ejercicio de la política como algo normal y repetitivo que no genere rechazo social, ni señalamiento y mucho menos la investigación y sanción por parte de los organismos de control, dejando la posibilidad de que aquellos que ejercen las peores prácticas electorales se hagan al manejo del gobierno, dispongan del presupuesto público y sean los voceros y representantes de la sociedad Tolimense.

Lo manifestado en un medio de comunicación por el concejal Rubén Darío Correa respecto de la propuesta del jefe del clan, como lo llamó él, en donde le ofrecieron $1.500 millones de pesos para declinar su aspiración a la alcaldía y adherir al candidato de la predilección del gobernador de ese entonces, puede configurarse en una conducta delictiva, de ser cierto.

Tenemos que empezar por presumir la inocencia y no señalar la responsabilidad penal directa de alguien, sin embargo de ser cierto es supremamente grave y debería estar denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, pues estaría un Gobernador en funciones, como lo afirmó el concejal Correa, ofreciendo al parecer recursos cuantiosos para comprar candidatos a la alcaldía de Ibagué, que declinen sus campañas en favor de otro. De no ser cierto debería retractarse el concejal Correa y el exgobernador debería salir a desmentir lo dicho por el comunicador social o ejercer acciones judiciales para defender su buen nombre.

No deja de sorprender que al cabo de 3 años aparezca esta confesión del enrarecido proceso electoral de la campaña a la alcaldía de Ibagué, en donde al final de la entrevista en el medio de comunicación el concejal Rubén Darío correa, señala que  él no aceptó la supuesta compra de su campaña y que al parecer la misma propuesta se la hicieron al candidato José Barreto que efectivamente declinó su aspiración a la alcaldía  y terminó apoyando al candidato que siempre señaló en los peores términos en todos los debates públicos. Esperamos de José, salir a aclarar y no dejar un silencio cómplice o un manto de duda de la decisión que tomó cuando dejó su aspiración.

Dentro de la responsabilidad política y lo normal de cualquier ciudadano ante el conocimiento de una posible conducta punible es denunciar ante las autoridades el posible delito y más aún cuando se señala de manera concreta circunstancias de modo, tiempo y lugar, define los testigos, incluyendo un prestigioso abogado de la ciudad de Ibagué y la casa en Las Victorias de un importante empresario, en donde supuestamente se realizó la reunión con el gobernador de ese momento.

Pienso que un debido proceso se debe adelantar, ya sea para descartar la afirmación, pudiendo ser injusta contra el exgobernador Barreto o para concluir la responsabilidad de la forma abusiva en que participa servidores públicos, que influyen con recursos económicos para favorecer candidatos a la alcaldía de Ibagué.