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Cortolima formula pliego de cargos contra propietarios de maquinaria por minería ilegal en el río Saldaña

La autoridad ambiental del Tolima imputó cargos a dos particulares por la explotación ilícita de oro y material de arrastre en Saldaña.
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21 Mayo 2026 - 5:56 COT por Ecos del Combeima

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, formuló pliego de cargos contra dos personas debido a la explotación ilícita de oro y material de arrastre en Saldaña.

Los implicados, identificados como propietarios de maquinaria pesada, enfrentan un proceso sancionatorio por su presunta responsabilidad en actividades de minería ilegal y daños ambientales en el predio "Demeter", ubicado en la vereda Papagalá, a orillas del río Saldaña.

Los hechos se remontan al 27 de julio de 2025, cuando un operativo conjunto entre la Policía Ambiental y el Ejército Nacional permitió el decomiso en flagrancia de dos excavadoras hidráulicas.

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En el lugar, técnicos de la Corporación identificaron tres frentes de explotación minera a cielo abierto bajo el sistema de "piscinas" para la extracción de oro aluvial, además de una planta de beneficio artesanal.

El informe técnico de Cortolima detalla un panorama de devastación ambiental.

Se constató la construcción de un canal de conducción de 1.220,54 m² para captar agua directamente del cauce del río Saldaña sin autorización.

Asimismo, la actividad minera provocó la remoción de 3.625 m² de bosque secundario en una zona protectora.

Dentro del proceso, la defensa de los hermanos argumentó que la maquinaria se encontraba bajo un contrato de alquiler.

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Sin embargo, el despacho de CORTOLIMA desestimó este argumento, señalando que la propiedad de maquinaria pesada implica un "deber reforzado de diligencia y custodia".

La autoridad subrayó que los dueños deben vigilar que sus bienes no sean utilizados para actividades ilícitas que atenten contra el medio ambiente, especialmente cuando cuentan con sistemas de monitoreo GPS.

De ser hallados responsables, los investigados podrían enfrentar multas de hasta cien mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, además del cierre definitivo de actividades y el decomiso de la maquinaria.