Al principio pensé que se trataba de las normas para trabajos escritos, de esas que nos enseñaron en el colegio. Y aunque llevo años metido en política agropecuaria, la ignorancia me llevó a estudiar el tema con más juicio. Ahora imagínense lo que sintió el campesino de Falan cuando llegó un funcionario de Bogotá a decirle que su finca quedaba dentro de una Zona de Protección para la Producción de Alimentos. El hombre seguramente pensó que le iban a dar algo. Sorpresa: no le iban a dar nada. Al contrario.

Las APPA, que en su nombre completo suenan a medicamento para la presión arterial, son las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. Nacieron en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, con una intención que en el papel suena razonable: proteger los suelos agrícolas del país para garantizar la producción de alimentos. Hasta ahí todo bien. El problema es lo que vino después. Se pusieron bajo esta figura 140.147 hectáreas en más de 100 municipios de todo el país, en los cuales se prohíbe cualquier tipo de explotación, ya sea industrial, minera, de ganadería extensiva, agroindustrial o inclusive turística. Y aunque la ley no obliga a los municipios a cambiar su Plan de Ordenamiento Territorial, sí vincula y obliga a las Corporaciones Autónomas Regionales a cumplir esta norma, frenando de esa forma las licencias ambientales para cualquier tipo de proyecto en esos territorios.

En el Tolima, esta figura cayó sobre ocho municipios: Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Herveo y Fresno. Todos en el norte del departamento. Todos cafeteros, aguacateros, ganaderos. Gente que madruga sin que nadie se lo pida. Ante esto, alcaldes, gremios agrícolas y autoridades departamentales advirtieron que la norma abrió la puerta a restricciones en el uso del suelo sin ninguna concertación previa con los territorios. Dicho en cristiano: desde Bogotá decidieron qué podía y qué no podía hacerse con la tierra del tolimense, sin preguntarle al tolimense. Que si quería vender su finca, que si quería cambiar de cultivo, que si quería hacer agroindustria, o simplemente dividir el predio para sus hijos. El APPA llegó a poner candado sin avisar y sin tocar la puerta.

En Falan se realizó una sesión de la Asamblea del Tolima con alcaldes, productores, académicos y líderes sociales, donde el presidente de la Asamblea, Giovanny Molina, advirtió que la imposición de las APPA se estaba realizando sin consultar a los municipios, vulnerando la descentralización y limitando el desarrollo económico de la región. Es decir que nos enteramos de que nuestra tierra tenía restricciones en una reunión de emergencia. No en un debate previo, no en una socialización con los productores, no en una consulta con los alcaldes. En una sesión de crisis, cuando el daño ya estaba hecho.

El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó al ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, iniciar el proceso para derogar las resoluciones que crearon las APPA. Y la gobernadora Adriana Magali Matiz celebró públicamente el anuncio, afirmando que la vocación productiva de nuestros pueblos y la autonomía territorial no se puede definir desde el aberrante centralismo del país. Y en eso, con todo el gusto del mundo, le doy la razón a la gobernadora.

La alcaldesa de Herveo, Gina Vanesa Silva, también celebró la derogación como un reconocimiento a la autonomía de los municipios para definir el uso de sus suelos. Y tiene razón. Herveo, que tiene varios proyectos agroindustriales de aguacate Hass y un futuro productivo enorme, no puede tener su destino decidido desde un escritorio en el Ministerio de Agricultura en Bogotá.

Pero aquí viene la parte incómoda. Derogar las APPA resuelve un problema de forma, pero no resuelve el problema de fondo. Colombia sí necesita proteger sus suelos agrícolas. Sí necesita evitar que la urbanización salvaje, la minería ilegal o la ganadería extensiva destruyan las tierras más productivas del país. El problema nunca fue el objetivo de las APPA. El problema fue la forma como se implementaron: sin consultar, sin socializar, sin respetar la autonomía territorial y sin tomarse la molestia de explicarle al campesino qué significaba ese acrónimo que de repente aparecía en los documentos de su finca.