¡Atención! Revelan presunta red de ‘tierreros’ en predios del Estado en Melgar, Tolima
Un informe del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia conocido en las últimas horas puso al descubierto una presunta red de ocupación y comercialización ilegal de predios del Estado en zonas estratégicas entre Melgar (Tolima) y Nilo (Cundinamarca).
Las investigaciones evidencian que, durante años, diferentes actores habrían facilitado la apropiación indebida de terrenos públicos, muchos de ellos pertenecientes a áreas vinculadas a la seguridad y defensa nacional, como las zonas aledañas a Tolemaida.
En este entramado estarían involucrados exintegrantes de la Fuerza Pública, así como exfuncionarios de distintas entidades territoriales, entre ellas dependencias de la Alcaldía de Melgar, sin que hasta el momento se hayan individualizado responsabilidades.
El informe advierte sobre la existencia de miles de registros catastrales de personas y empresas que figuran como supuestos propietarios de terrenos que, por su naturaleza jurídica, no pueden ser adquiridos por particulares.
A esto se suma un fenómeno diverso de ocupación que va desde asentamientos informales hasta desarrollos residenciales de alto valor, lo que evidencia la profundidad del problema.
Además, se identificaron decisiones administrativas y actuaciones irregulares en instancias locales como concejos municipales, oficinas de planeación y otras dependencias públicas, que habrían contribuido a dar apariencia de legalidad a estas ocupaciones ilegales.
Ante este panorama, el Gobierno Nacional fortaleció sus capacidades jurídicas, técnicas y operativas para avanzar en la identificación, delimitación y recuperación de los predios.
Este trabajo se desarrolla de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro, con el objetivo de llevar ante la justicia a los responsables y restablecer la titularidad de estos bienes.
Las autoridades advierten que, aunque la recuperación total de estos terrenos tomará tiempo, ya se adelantan acciones concretas para frenar nuevas ocupaciones, proteger el patrimonio público y desarticular las redes que se habrían beneficiado ilegalmente de estos bienes de la Nación.
