Durante una visita realizada este domingo al municipio de Ataco, la directora de la Cortolima, Olga Alfonso, lanzó una seria advertencia sobre los riesgos para la salud derivados de la contaminación de las fuentes de agua por cuenta de la minería ilegal en el sur del Tolima.

La funcionaria explicó que, además del daño ambiental visible en los ríos Saldaña y Atá, preocupa de manera especial el impacto a largo plazo que puede generar el uso de sustancias tóxicas en los procesos de extracción sin control.

Según indicó, el agua que hoy recibe residuos contaminantes será consumida más adelante por comunidades ubicadas aguas abajo, lo que representa un riesgo directo para la salud humana.

Alfonso señaló que este tipo de actividades, realizadas sin permisos ni planes de manejo ambiental, no solo destruyen el cauce de los ríos y la cobertura vegetal, sino que también comprometen la calidad del agua destinada al consumo.

En ese sentido, advirtió que los efectos más graves no se verán únicamente en la población actual, sino en quienes nacerán en los próximos años, debido a la exposición prolongada a elementos tóxicos.

“Existe ya demostrado que cuando hay ese tipo de actividades sin los permisos necesarios, los problemas de salud, no para los que estamos hoy acá, los que van a nacer en el futuro y las generaciones futuras van a ser bastante complejos”, afirmó la directora, al referirse a las consecuencias sanitarias de la contaminación hídrica.

La autoridad ambiental también manifestó que gran parte de quienes realizan estas labores no son habitantes de Ataco, sino personas provenientes de otras regiones, lo que ha generado una presión adicional sobre el territorio y ha dejado a las comunidades locales expuestas a los impactos ambientales y sociales de esta práctica.

Como parte de las acciones adelantadas, Cortolima entregó informes detallados a entidades como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía y la Procuraduría, con el fin de articular una respuesta integral del Estado.

Asimismo, se han realizado operativos y reuniones interinstitucionales para definir medidas que permitan frenar la expansión de la minería ilegal en esta zona del departamento.

Finalmente, Alfonso recalcó que la minería solo puede realizarse de manera legal y con los respectivos permisos ambientales, los cuales incluyen obligaciones de compensación y restauración.