El secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, destacó como una noticia positiva para el departamento y el país la aprobación de la reforma a la Ley 30, que modifica los artículos 86 y 87 y redefine el sistema de financiación de las universidades públicas, iniciativa que ya superó todos los debates en el Congreso y quedó lista para sanción presidencial.

Para el funcionario, el impacto de la reforma es especialmente relevante para la Universidad del Tolima, al permitir un fortalecimiento de sus funciones misionales y de su capacidad operativa.

“Eso es una noticia positiva (…) de lo que tiene que ver con la modificación de los artículos 86-87 de la Ley 30 del 93, que regula en especial el sistema de financiamiento de las universidades estatales”, afirmó.

Bedoya explicó que el nuevo esquema permitirá mejorar la inversión en áreas clave como investigación, proyección social y desarrollo académico, así como consolidar la regionalización de la Universidad del Tolima, que hoy tiene presencia no solo en el departamento sino en otros ocho territorios del país.

El secretario también resaltó que la propuesta venía discutiéndose desde hace cerca de siete años y que, aunque el crecimiento de los recursos comenzó en 2018 mediante acuerdos con el Gobierno Nacional, ahora ese incremento queda establecido de manera permanente en la ley.

En ese sentido, precisó que si bien la reforma no introduce por primera vez el aumento progresivo de los aportes, sí le da estabilidad jurídica a un modelo que venía aplicándose.

“Lo que pretende la ley (…) es precisamente mantener ese sistema financiero creciente que viene desde el año 2018 (…) pero ahora es ley de la República”, señaló.

No obstante, Bedoya fue prudente al evaluar el alcance de la medida frente al problema de fondo de las universidades públicas.

“Creo que no resolvería el problema de financiación, ayuda mucho el oxígeno financiero que tienen las universidades”, sostuvo, al advertir que la mayoría de instituciones estatales mantienen un equilibrio presupuestal frágil y siguen expuestas a posibles déficits fiscales.

Según explicó, la reforma mejora las condiciones para atender necesidades urgentes, especialmente en bienestar universitario e investigación, pero no corrige el déficit estructural que arrastran las universidades desde la expedición de la Ley 30 en 1992.