La ampliación de la estructura administrativa de la Alcaldía de Ibagué quedó aprobada con una amplia mayoría en el Concejo, pero la votación también dejó una particularidad, de los 19 cabildantes, 18 respaldaron la iniciativa y solo uno votó en contra.

Fue el concejal Andrés Zambrano, quien explicó a Econoticias por qué decidió apartarse de la decisión impulsada por la administración de Johana Aranda.

Su principal cuestionamiento apunta a la ausencia, según aseguró, de un estudio técnico que permitiera establecer si realmente existía una necesidad del servicio para crear nuevas secretarías, direcciones y cargos dentro del Gobierno Municipal.

Zambrano sostiene que no se puede discutir únicamente desde el punto de vista político la creación de nuevas dependencias, especialmente cuando estas representan nuevos compromisos para las finanzas públicas.

De acuerdo con sus cálculos, solamente los cargos directivos de la nueva estructura administrativa podrían representar alrededor de $1.700 millones anuales, cifra a la que se sumarían otros costos derivados de la contratación y funcionamiento de las nuevas dependencias.

“Necesitamos saber el fundamento técnico para eso y eso lo sabemos a través de un estudio de cargas”, afirmó el concejal.

Según Zambrano, durante la discusión del proyecto se solicitó a la Secretaría Administrativa conocer ese estudio, pero este no habría sido entregado como parte de la iniciativa. El cabildante cuestionó además que, durante la sesión, se planteara la posibilidad de remitirlo posteriormente.

Para el concejal, el problema no es necesariamente crear nuevas secretarías, sino hacerlo sin contar previamente con la información que permita demostrar que estas son necesarias para atender las problemáticas de la ciudad.

¿Y los concejales de oposición?

La otra pregunta que deja la votación tiene que ver con los concejales que, pese a haber asumido posiciones críticas frente a la administración de Johana Aranda, terminaron respaldando la reforma.

Zambrano evitó atribuirles una motivación específica y señaló que cada concejal debe responder por sus propias decisiones, sin embargo, insistió en que las decisiones difíciles dentro de lo público deben tomarse con responsabilidad y pensando en las necesidades reales de la ciudadanía.

Para el cabildante, crear una Secretaría de la Mujer o una dependencia para atender determinadas problemáticas puede sonar atractivo, pero la discusión de fondo es otra, ¿existe un estudio que demuestre que esas nuevas estructuras son la solución?

Ese documento, según su denuncia, fue precisamente el que no estuvo disponible durante la discusión que terminó con la aprobación de la reforma.