La Procuraduría General de la Nación radicó ante el Congreso el Séptimo Informe de Seguimiento al Acuerdo Final de Paz. 

Este documento constituye un balance integral de los avances y dificultades en la implementación, a pocos meses de cumplirse nueve años de la firma del Acuerdo.

El informe recoge 256 recomendaciones de actuación dirigidas a las entidades competentes, con el propósito de superar los principales rezagos detectados. 

Entre ellos, se evidencia la baja ejecución de recursos financieros tanto del Presupuesto General de la Nación por $8.4 billones, en especial, por parte de las entidades adscritas al sector de agricultura y desarrollo rural, y los rezagos en los avances físicos y financieros de los 321 proyectos aprobados con recursos de regalías y de los $2,7 billones de recursos sin programación del Fondo Colombia en Paz. 

En materia de acceso a tierras, el documento advierte un cumplimiento muy bajo en los procesos de adjudicación de predios a campesinos sin tierra. De la meta de tres millones de hectáreas, solo se ha avanzado en un 1,19 %, pese a que el Gobierno ha incorporado alrededor de 600 mil hectáreas al Fondo de Tierras. 

El principal reto, según el documento, es garantizar la adjudicación definitiva de los predios, muchos de los cuales permanecen bajo figuras provisionales, lo que limita el impacto real de la política en las comunidades rurales.

El informe destaca progresos como la consolidación del Sistema Nacional de Reincorporación y la normatividad que habilita el reconocimiento de las Áreas Especiales de Reincorporación. 

También hace un llamado al Gobierno Nacional a acelerar la renegociación de proyectos productivos y la entrega de beneficios del Programa Nacional Integral de beneficios del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos, que involucra a más de 99 mil familias.