Una investigación reveló un panorama alarmante sobre el manejo de las indemnizaciones y gastos funerarios de los miembros de la Fuerza Pública durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. 

Según los hallazgos, entre 2022 y 2025 fueron asesinados 263 uniformados y 1.534 más resultaron heridos, pero las familias no solo han tenido que soportar el dolor de la pérdida, sino también trámites interminables, demoras injustificadas y un Ministerio de Defensa que entrega cifras contradictorias.

El contraste en los gastos funerarios muestra como en 2023, por ejemplo, el Ministerio reportó 84 muertes, pero al mismo tiempo reconoció 1.264 gastos funerarios, una diferencia del 1.404 %. 

Lo mismo ocurrió en 2024, con 99 muertes y 1.334 funerarios reconocidos, un exceso del 1.247 % y en el 2025 hubo 80 muertes a corte del 18 de julio, pero se reportaron 564 gastos fúnebres un aumento del 605 %. 

Estas inconsistencias ponen en evidencia graves falencias de transparencia y posibles irregularidades en la administración de los recursos públicos.

A ello se suma una pérdida fiscal por más de $230.000 millones en intereses, producto de las demandas de familias que no fueron indemnizadas a tiempo pese a que sus seres queridos, militares y policías asesinados en combate, tenían derecho. El dinero que debió ir a las víctimas terminó perdido por negligencia del gobierno de Gustavo Petro.

“Estamos ante un escándalo nacional. El gobierno Petro no solo redujo el accionar militar, dejando desprotegido al país, sino que además condenó a las familias de nuestros héroes a la revictimización. ¿Cómo se explica que el Ministerio reconozca hasta 14 veces más gastos funerarios de los que corresponden a las muertes reales? Aquí hay un problema de transparencia, negligencia y posible corrupción que no puede quedar en silencio”. Aseguró la congresista Carolina Arbeláez.

Arbeláez agregó que este hallazgo será llevado a instancias de control político y judicial para exigir explicaciones inmediatas y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las familias de la Fuerza Pública, y no se pierdan en la opacidad administrativa.